Vivienda Social

1. Impulsar una política de Estado en materia de vivienda, con certidumbre jurídica y acciones consistentes. El objetivo es generar más y mejores viviendas formales, respetando el Estado de derecho, los derechos adquiridos de los trabajadores y reconociendo el importante papel del sector privado en el desarrollo de vivienda, con una política de vivienda consistente. Hagamos lo que tengamos que hacer para construir más viviendas formales que informales, en beneficio de la población más vulnerable.

2. Impulsar una gran Acuerdo Nacional en favor del desarrollo de vivienda para las familias de menores ingresos y para las nuevas generaciones.

3. Fortalecer y diversificar el financiamiento para el desarrollo de vivienda. Es necesaria la reactivación y ampliación de créditos para la vivienda social nueva; el impulso del ahorro previo; y la diversificación de mecanismos de financiamiento. En esto es fundamental reafirmar la función de financiamiento y no de constructores de los organismos nacionales de vivienda. Los recursos del INFONAVIT son de las y los trabajadores. Adicionalmente, proponemos crear un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces para Vivienda Incluyente de los Trabajadores (FIBRAVIT).

4. Ampliar la oferta con subsidios al frente, directos, transparentes, individuales y focalizados a la población de hasta 3 salarios mínimos para vivienda nueva con todos los servicios urbanos. Estos subsidios bien asignados cuestan una décima parte de lo que, a valor presente, cuesta el subsidio a las tasas de interés de los créditos de INFONAVIT que reciben trabajadores con ingresos de 5, 6 o 7 salarios mínimos.

5. Fortalecer la planeación urbana exigiendo a los municipios impulsar un enfoque integral de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, movilidad sostenible y vivienda social, con planeación adecuada y regulación eficaz, en un clima de coordinación entre los sectores público, social y privado. La elaboración y aplicación estricta de los planes de ordenamiento urbano son una obligación legal, no una potestad que se pueda evadir. En esto es fundamental reiterar nuestra propuesta de crear un órgano colegiado de planeación de infraestructura con visión de largo plazo.

6. Reducir los costos de la vivienda con una regulación que fomente el desarrollo del mercado habitacional legal y con trámites simplificados y tecnología de vanguardia.

7. Promover una estrategia interinstitucional para generar reservas de suelo apto para el desarrollo urbano ordenado.

8. Incrementar los presupuestos de los tres niveles de gobierno para vivienda social y desarrollo urbano sostenible. Los gobiernos son responsables de dotar a las ciudades de la infraestructura y servicios urbanos necesarios, bajo un modelo de urbanismo sostenible, con esquemas innovadores y transparentes de inversión y colaboración del sector privado.

9. Promover el uso de tecnologías de vanguardia y de materiales sostenibles para la construcción de vivienda social, bajo un modelo de economía verde.

10. Incorporar las mejores prácticas en materia de resiliencia urbana y desarrollo de viviendas, ante los efectos del cambio climático.