Situación de la Industria de la Construcción y Propuesta de Recuperación

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), agrupa a nueve mil empresas constructoras en todo el país, a través de sus 43 delegaciones. Representa a un sector de la actividad económica que ha sido apoyo fundamental del crecimiento del país en las últimas cinco décadas.

La importancia de la industria de la construcción mexicana, para la economía del país en forma global, y por el efecto que tiene sobre 37 ramas industriales de la actividad económica nacional, hace que su desempeño repercuta en la competitividad de un gran número de sectores, y su importancia se hace más intensa conforme se logran mayores niveles de desarrollo económico.

Asimismo, al ocupar a más de dos millones de personas se constituye en la tercera industria en importancia en la generación de empleos, con un uso intensivo de mano de obra, generalmente no calificada.

La acción de la industria de la construcción no sólo se limita al aspecto económico, sino que contribuye a la satisfacción de necesidades básicas como la vivienda, la salud, la edificación, la electrificación, el agua potable, entre otros.

Reconocemos que la apertura comercial es un proceso, no sólo conveniente sino necesario, para lograr una mayor competencia y garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, reducción de los períodos de construcción y el acceso a tecnología de punta. De igual forma, reconocemos que la participación del Estado es necesaria para aliviar las deficiencias que el mercado manifieste.

Hoy, la industria de la construcción sufre una de las peores crisis de su historia en nuestro país, al ser uno de los sectores más afectados por los diferentes programas económicos puestos en marcha en los últimos años, provocando que su rentabilidad caiga a tal grado, que se encuentra gravemente descapitalizada y en posición de creciente desventaja conforme la naturaleza de los proyectos sea más global y su tecnología más desarrollada, debido a factores tales como la disminución en los volúmenes de obra para los contratistas nacionales, la inexistencia de continuidad de trabajo en las empresas, los créditos bancarios limitados, tasas de interés muy elevadas, la apertura indiscriminada a la competencia internacional, asignación de las obras bajo un criterio presupuestal de precio como prioridad, lo que afecta la productividad y el desarrollo social.

A principios de la presente administración, en numerosos foros manifestamos que la Industria de la Construcción Nacional se encontraba dispuesta a enfrentar el reto de competencia que planteaba la consolidación del proceso de inserción de nuestro país a la economía globalizada, en la medida que se hiciera efectivo el período que permitiera eliminar sus principales rezagos, esto es, que se establecieran condiciones competitivas con equidad y en igualdad de circunstancias para recuperar gran parte de la solidez financiera y tecnológica perdida durante los últimos años, y que se eliminaran los vicios normativos de la ejecución de obra pública, que sólo hubieran podido resolverse con la ayuda gubernamental, y así continuar siendo una herramienta al servicio del desarrollo productivo y social del país.

A continuación se describen los antecedentes de la industria, sus principales causas de descapitalización, propuestas para su reactivación y el ofrecimiento de acciones por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para su mejoramiento competitivo.

A) Antecedentes

La actual Industria de la Construcción es el resultado de una serie de etapas que se iniciaron a principios de la década de los cincuentas, al industrializarse el país.

Su desarrollo tecnológico, métodos constructivos, acceso a capital y financiamiento y otras características, fueron determinados en gran medida por políticas y programas gubernamentales entonces vigentes, y por la participación activa de empresarios e ingenieros mexicanos que asumieron el reto del crecimiento industrial del país.

Como muchas otras industrias nacionales, la de la construcción gozó de mercados reservados a mexicanos que permitieron el desarrollo de tecnologías y empresas nacionales que hoy en día, son de proporción significativa.

Sin embargo, la enorme sensibilidad que esta industria guarda con respecto al crecimiento económico del país y a las políticas económicas del sector público, ha resultado en un rezago significativo con respecto a sus contrapartes internacionales durante las crisis económicas de las últimas dos décadas, ya que en este período se aceleró el desarrollo tecnológico fuera de México en diseño ingenieril, métodos constructivos, aplicación de materiales, evolución de la maquinaria y equipo de construcción especializados, mientras que estas actividades disminuyeron en nuestro país.

En la actualidad, en la industria de la construcción la falta de cabal entendimiento del valor del trabajo que se va a desarrollar, presenta problemas particulares que difícilmente se encuentran en otro tipo de transacciones, lo que aunado al hecho de que ninguna otra industria tiene una proporción tan alta de su trabajo y de sus gastos determinados por el precio más bajo, hace que el actual sistema con el que opera la industria, - responsable de tantos conflictos y de otras ineficacias -, resulte un obstáculo difícil de vencer. La hostilidad de este sistema es tal, que la construcción puede representar un alto costo para el cliente y bajas utilidades o pérdidas para el constructor, que se ve obligado a realizar importantes esfuerzos adicionales para obtener buenos resultados a pesar del sistema prevaleciente.

En resumen, el entorno de la industria nacional se volvió más difícil y complejo en cuanto a la competitividad y eficacia operativa de las empresas, de una estructura financiera con mayor nivel de capital y astringencia de crédito, con un incremento en el número y calidad de los competidores, y con una mayor especialización y mejor segmentación de los mercados.

• La intensa competencia, la discontinuidad de los trabajos, la caída en la inversión y la reducción real de los precios, junto con el aumento de los costos, han traído como resultado márgenes de utilidad muy bajos e incluso negativos, provocando que no se estén generando reservas para reponer el capital y modernizar la maquinaria y equipo y, en algunos casos, la venta de activos estratégicos.

• Las prácticas administrativas de las entidades públicas para el pago y monto de anticipos, estimaciones, revisiones de costos y alcance del proyecto y costos financieros, hacen que los constructores asuman en gran medida los riesgos financieros y del proyecto, sin obtener una compensación al respecto.

• Una importante reducción en el capital humano disponible para la industria, derivada de la inseguridad de trabajo y discontinuidad de las obras.

• La atomización de las obras que no promueve la eficiencia, ni la tecnología, ni la celebración de alianzas estratégicas, ni contribuye a la consolidación de la industria.

• La adjudicación, en algunos casos, de las obras a la propuesta más baja, sin que haya sido necesariamente solvente, con base en una deficiente valoración de las propuestas técnicas.

La aplicación actual del criterio de asignar a la propuesta solvente más baja, que no representa competencia con relación al valor, es una influencia negativa dentro de la industria de la construcción. Perjudica el valor del dinero, la inversión en investigación y desarrollo, y los procedimientos de capacitación y de trabajo. Como ya se comentó anteriormente, ninguna otra industria tiene una proporción tan alta de su trabajo y de sus gastos determinados por el precio más bajo.

La aplicación actual del criterio de asignar a la propuesta solvente más baja con los principios tradicionales de las auditorías, combinadas con el temor de algunos funcionarios de los clientes a sanciones administrativas por parte de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), debilita el argumento de la rentabilidad en cuanto a costos, sin importar el efecto en la calidad del producto y en la calidad del servicio. Los constructores responden buscando errores en los documentos de licitación y en cotizarlos alto, pues necesitan encontrar la forma en que el contrato les resulte rentable, situación que no contribuye con el interés del cliente por lograr su construcción con la mejor calidad, en el menor tiempo y al mejor precio.

• El pago de impuestos que se causa sobre ingresos que no han generado flujo de efectivo, como sucede con el impuesto sobre la renta y el impuesto a los activos.

• El incremento desproporcionado del costo financiero que las empresas pagaron sobre sus pasivos y que no fue posible repercutir en su totalidad a sus clientes.

• El rescate de las concesiones en infraestructura. No obstante que creemos que si no se hubiera efectuado el rescate, las consecuencias hubieran sido peores, la solución que se dio fue un rescate sin reconocer, desafortunadamente, el valor del capital invertido por los concesionarios.

• Desaprovechamiento, en algunos casos, de las ventajas acordadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en beneficio de las empresas mexicanas.

• La facultad que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas vigente otorga al funcionario, para determinar los criterios de licitación nacional o internacional de la obra pública, y

• La carencia de incentivos a la investigación y el desarrollo tecnológico a través de la desgravación de recursos que se destinen a esa actividad.

 C) Propuestas para la reactivación de la industria.

• Integrar un grupo con los principales clientes para encabezar las reformas y formular conjuntamente un plan de acción. El diálogo entre este grupo de clientes y la industria, puede tomar la forma de una serie de proyectos, cada uno relacionado con un asunto de interés común, como el análisis del riesgo comercial de los diversos sistemas de proyectos de inversión efectivos utilizados o a utilizar por las dependencias.

El Gobierno, como regulador y cliente, puede mostrar el camino reformando las cosas que están en gran parte dentro de su propia esfera de actividades, sobre todo, lo que se refiere al criterio de asignación a la propuesta solvente más baja, participación de extranjeros, marco fiscal, anticipos y procedimientos de pago.

Creemos que el cliente es la única fuerza que podría acelerar la reforma que con tanto afán busca un gran número de gente dentro de la industria.

• Regir la actividad de nuestra industria dentro de un marco legal moderno, de aliento y con visión de largo alcance, que incorpore aspectos de la realidad que vive nuestro país en el contexto de la globalización económica y que deben ser considerados en la aplicación del mismo. Un marco legal orientado a la obtención de la mayor calidad en las obras públicas y en los servicios ofrecidos. Un marco legal promotor, no fiscalizador ni coercitivo.

• Contratar y pagar con oportunidad, fijándose plazos más agresivos para el monto y pago de anticipos, estimaciones, revisiones de costos y alcance del proyecto y costos financieros.

• Licitar únicamente proyectos que estén planeados y soportados en estudios de factibilidad social, técnica, ecológica y económica, que minimicen las desviaciones y permitan a los empresarios planear y ejecutar los trabajos con menor grado de riesgo.

• Perfeccionar el sistema de valoración de las propuestas solventes que coadyuve a que las dependencias y los constructores cumplan con los objetivos de la inversión pública. Los clientes necesitan ser capaces de hacer una selección adecuada de las empresas que ejecutarán las obras. Excepto donde sea lógico mantenerlo, el criterio de asignar a la "propuesta solvente más baja" debería sustituirse por ofertas de "mejor calidad al menor precio en el menor tiempo", debido a que "compensar el precio bajo, afectando al cliente con reclamaciones", genera una cultura de confrontación. Esto se puede cambiar ajustando el elemento de competitividad de las condiciones contractuales vigentes. La productividad se mejoraría si los niveles de precios no se obligaran a bajar más allá de un punto que impide a las empresas invertir en mejores procesos y técnicas, en investigación y desarrollo y en encontrar lo que se está haciendo en el extranjero y por otros competidores para mejorar sus propuestas económicas.

• Promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la revisión del marco fiscal regulatorio de la Industria de la Construcción, que evite el pago de impuestos que se causan sobre ingresos que no han generado flujo de efectivo.

• Que el gobierno apoye el esfuerzo para recapitalizar a las empresas del sector construcción, promoviendo financiamientos para el desarrollo de proyectos, para la adquisición de maquinaria y equipo y, finalmente, para incrementar el capital de trabajo de las empresas del sector.

• Que el gobierno establezca mecanismos que permitan avalar los servicios prestados por empresas nacionales en el extranjero, especialmente cuando estos servicios abran nuevos mercados o impliquen una transferencia de tecnología a favor de la parte mexicana.

• Acelerar el finiquito del rescate de concesiones en infraestructura con equidad y,

• Aprovechar lo negociado y pactado en los Tratados de Libre Comercio, a través de la aplicación de la Ley en beneficio de la industria nacional en cuanto a la participación de empresas extranjeras en el mercado de licitación pública, reservas, contenido nacional y umbrales establecidos.

Desplegaremos una campaña intensa entre nuestros afiliados, tendiente a lograr consenso en torno a la meta de "siempre excelencia" alrededor del principio de "mejor calidad al precio más bajo en el tiempo más corto", dedicándonos a mejorar el diario quehacer de la industria de la construcción mediante su capacitación para emplear las mejores habilidades, promover el uso de la tecnología más avanzada y apoyar la construcción de mejores proyectos de calidad para sus propietarios. El compromiso de la CMIC se debe relacionar con tres principios de desarrollo y oportunidad para la industria: experiencia, integridad y responsabilidad.

Intensificaremos los programas de actualización a los mandos directivos de las empresas afiliadas, en donde se les prepara, entre otras cosas, en lo siguiente: desarrollo empresarial, planeación, calidad y seguridad, nuevas tecnologías de diseño y construcción, y estrategias y procedimientos para la captación de inversión extranjera. La capacitación es un elemento fundamental con el que los constructores nos hemos comprometido desde hace varios años.

Reforzaremos las gestiones que se han venido realizando para eliminar el exceso de normatividad y regulación al que se encuentra sujeta la industria, y continuaremos promoviendo la creación de tercerías que proporcionen una mayor equidad a las partes.

Alentaremos la cooperación de empresas mexicanas con extranjeros, sean inversionistas, contratantes o contratistas, para obtener gradualmente una mayor presencia en el mercado exterior y orientar a sus afiliados acerca de los concursos de obra pública en los países con los cuales tenemos tratados comerciales, en especial de sus características y de los requisitos que deben cumplir los contratistas que presentan posturas.

Promoveremos la especialización de las empresas afiliadas con enfoque a la satisfacción del cliente y,

Fortaleceremos la imagen de la industria desarrollando su fuerza de trabajo.

No obstante que el marco legal se ajuste a las necesidades actuales y la recuperación de inversión doméstica se vaya dando, el punto crucial es sin embargo, que la industria todavía tiene que alcanzar de manera rutinaria, normas de clase mundial en cuanto a costo, calidad y entrega oportuna, pues reconocemos que gran parte del futuro de la industria depende de la competencia exitosa de acuerdo con las reglas de la competencia de clase mundial. Estas reglas se refieren cada vez más a la calidad y consistencia del desempeño de gente, sistemas y componentes.

Es un hecho que la demanda refleja a la economía como un todo, pero la industria de la construcción es también un contribuyente independiente de la eficiencia y crecimiento de la economía siempre y cuando la rapidez y costo de la construcción permitan que más proyectos sean económicamente factibles.

La calidad de la industria, su inversión en gente y en sistemas, es de importancia vital para la economía del país, así como para la calidad del ambiente construido, por lo que resulta urgente la necesidad de mejorar su competitividad y productividad.

Tenemos confianza de que el contenido de este documento y de sus recomendaciones tengan amplia repercusión y se promueva con carácter urgente la participación de clientes clave y de líderes de la industria para las reformas y cambios necesarios.

Debido a la importancia que representa la industria de la construcción para el país y para la economía, y por su actuación como fuente de trabajo, regulador, cliente y patrocinador, el Gobierno también debe poner de su parte.