COMUNICADO INFONAVIT ABRIL

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Comisión de Vivienda

Vicepresidente Ejecutivo
Ing. Juan Francisco Bermúdez Rojas

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Comunicado - 3 de octubre del 2013

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SINTESIS

INFONAVIT

Nacional

Edifican casas pese a riesgos (Reforma.19)

Las autoridades locales de este puerto conocían los riesgos que implicaba construir viviendas en la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio y, aún así, expidieron permisos para poblar esta zona de humedales que se inundó ante el paso de la tormenta "Manuel".

 

En el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco, el mismo que en 2001 cambió el uso de suelo de agrícola a habitacional y comercial, se reconoció que esta zona es "inundable" por su delimitación con la Laguna de Tres Palos y el Río La Sabana.

 

"En esta área se presentan problemas respecto al uso del suelo como la ubicación de asentamientos en zonas inundables, en la zona cercana delimitada por la Laguna de Tres Palos, el Río de la Sabana y el Boulevard de Las Naciones.

 

"Los escurrimientos y arroyos que pueden ser riesgosos y requieren de la definición de su zona de protección se ubican en: cauce del Río de la Sabana y zona sur de Tres Palos y de la Laguna de Tres Palos, y el área entre la Laguna de Tres Palos y el Boulevard de Las Naciones", indicó.

 

De acuerdo con el plan, esa zona además acusa la falta de canalización adecuada de escurrimientos del Río La Sabana; disposición inadecuada de tiraderos de basura; y contaminación de los cuerpos de agua por las carencias del alcantarillado sanitario.

 

No obstante, el mismo documento -que se aprobó durante la gestión municipal de Zeferino Torreblanca- planteó la construcción de desarrollos de bajas densidades y ocupación de suelo "reducida".

 

Para la llamada zona "4h", que entre otras incluye la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, se propuso desde entonces la construcción de viviendas a corto, mediano y largo plazo, con la participación del Infonavit, FOVISSSTE, INVISUR, empresas privadas y el Gobierno estatal.

 

El plan urbano además sugirió el encauzamiento del Río La Sabana; la instalación de plantas de tratamiento y de conservación del suelo vegetal; y la puesta en marcha de una política de protección para la zona de manglares de las Lagunas de Tres Palos y de Coyuca.

 

Otra propuesta fue el establecimiento de una política de conservación de flora y fauna para las márgenes del Río La Sabana, su desembocadura en la Laguna de Tres Palos y su comunicación con la Laguna Negra.

 

Consecuencias

 

A más de una década de la redacción de este plan, que sigue vigente, en la zona de la Colosio hay más de siete mil casas; desaparecieron dos drenes de salida del Río La Sabana por la edificación de viviendas; y la infraestructura hidrosanitaria aún es limitada.

 

 

"La insuficiencia de infraestructura en las zonas altas y el azolvamiento en las partes bajas provocan frecuentes inundaciones en las partes bajas y en las áreas cercanas a la Laguna de Tres Palos y Bajos del Ejido por la deficiencia del drenaje", apuntó.

Para la Comisión Nacional del Agua federal, el "balance hidráulico" en esa zona se rompió, por lo que será necesario reubicar las colonias que se encuentran en puntos inundables y buscar alternativas para desfogar el agua.

 

REFORMA publicó ayer que en los últimos 10 años fueron otorgados 97 permisos para construir viviendas con el aval de los gobiernos de cuatro Presidentes Municipales.

 

El Alcalde de Acapulco, Luis Walton, consideró que la responsabilidad por las inundaciones en esa zona no recae solamente en las autoridades que expidieron las licencias, sino también en las constructoras.

 

"Realmente las constructoras también fueron abusando de ese plan, hay que ver que invadieron también. Hay por ejemplo autorizaciones para construir tres mil casas ahí, de una sola constructora", indicó.

 

 

Emisiones de deuda alcanzarán niveles históricos (El Financiero.4)

Las emisiones de deuda en el mercado mexicano hasta septiembre se ubicaron en 188 mil 428 millones de pesos, 31.5 por ciento arriba respecto al mismo periodo de 2012, cifra que se espera alcance los 248 mil millones de pesos al cierre del año, con lo que se estaría aproximando al máximo histórico registrado en 2010 cuando llegaron a 248 mil 299 millones de pesos.

 

La expectativa es que las emisiones sigan creciendo en monto para el resto del año, que las empresas públicas y privadas continúen recurriendo al mercado de deuda para financiar sus requerimientos operativos o refinanciar pasivos a mejores condiciones.

 

"En lo que va del año hemos visto que las calificaciones para las empresas emisoras han sido muy altas, desde "A" hasta "AAA" y esto nos indica que son capaces de continuar fondeándose a tasas atractivas. Tal vez podrían tomar el mejor momento para salir, es cuestión de encontrar las ventanas adecuadas, pero hay forma de que siga creciendo el mercado bajo las condiciones actuales", señaló Patricia Calvo, directora de Calificaciones de Empresas de Standard & Poor's México.

 

Agregó que el contexto nacional de discusión de las reformas estructurales y el tema en Estados Unidos del paro parcial de actividades gubernamentales, tienen un impacto pero no de corto plazo.

 

Para el cuarto trimestre del año se anticipan al menos una decena de posibles colocaciones por un monto de 26 mil 640 millones de pesos, de acuerdo con los registros de los trámites de inscripción en la Bolsa Mexicana de Valores.

 

Sin embargo, considerando que el monto promedio mensual colocado durante el 2013 ha sido de alrededor de 21 mil millones, Accival Casa de Bolsa, estima que de continuar con esta tendencia en el último tercio del año se estarían colocando alrededor de 60 mil millones de pesos, para cerrar diciembre en aproximadamente 248 mil millones de pesos.

 

En su último reporte sobre el Mercado de Deuda, Accival atribuye el incremento del 31.5 por ciento observado en las colocaciones de deuda corporativa de largo plazo, en gran parte a las emisiones realizadas por Banco Inbursa con 18 mil millones de pesos, además de las colocaciones realizadas por el estado de Chihuahua con 16 mil 300 millones de pesos, Banobras con 14 mil millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 12 mil millones de pesos.

 

En el mercado de certificados bursátiles privados, -sin incluir empresas paraestatales o emisiones de estados y municipios-, se encuentran 128 emisoras con bonos inscritos y operándose en la BMV. Están distribuidos en 18 sectores siendo el financiero el más dinámico con 77 emisoras que corresponden al 60 por ciento del total de emisoras.

 

A través del comportamiento de su Tasa Promedio, que alcanzó 6.95 por ciento, el sector Vivienda destaca como el más afectado por la aprobación de la reforma de vivienda, con el mayor impacto en la emisora Urbi, con una Tasa de Rendimiento de 8.03 por ciento y el ajuste en sus calificaciones crediticias.

 

"(Las modificaciones en vivienda) han causado un cambio en el modo de operar de las emisoras provocando que las tasas de rendimiento de los certificados, con las que se negocian en el mercado secundario, se incrementen, al mismo tiempo que las calificaciones crediticias tienden a disminuir causando incertidumbre entre el público inversionistas", señala Julián Fernández, analista bursátil de Bursametrica.

 

De la mano de las vivienderas, el sector materiales de construcción ha elevado su tasa promedio a 7.64 por ciento

 

Al contrario de otros sectores, el de bebidas se ha visto beneficiado donde las colocaciones de deuda de Femsa y Kof han operado con mayor intensidad, haciendo que la tasa promedio del sector sea 4.33 por ciento.

 

** Tipo de cambio marcará tendencia en el 2014

 

Uno de los principales factores con incidencia en el comportamiento del mercado de deuda durante el próximo año es el tipo de cambio del peso frente al dólar.

 

De acuerdo con Julián Fernández, analista de Bursamétrica, "el desempeño del mercado de deuda se estaría viendo afectado negativamente, debido al efecto del tipo de cambio del dólar, ya que la expectativa es a la alza para el próximo año, lo que redunda en un incremento en las tasas de los títulos de deuda, haciendo que sus precios caigan. Sería un mercado a la baja durante el 2014".

 

En cuanto a emisiones, es de esperarse que continúen. Tan sólo considerando los principales programas vigentes, destaca el autorizado para Pemex por hasta 300 mil millones de pesos, de los que a la fecha ha emitido el 44 por ciento o bien, el programa de Certificados Fiduciarios Bursátiles respaldados por Créditos Hipotecarios denominados HITOTAL por un monto de hasta cien mil millones de pesos, de los que se han emitido el 5.5 por ciento.

 

En el tema de vencimientos, el próximo año vencen 146 mil 789 millones de pesos del monto en circulación en el mercado de deuda corporativa y en 2015 lo harán otros 123 mil 11 millones de pesos, según datos de Accival.

 

Entre octubre de este año y el siguiente vencerán 127 mil 535 millones de pesos en títulos.

 

En la nota aparece gráfica con las principales emisoras con el monto en circulación a valor nominal, mdp. En el listado aparece el Infonavit.

 

 

Segob se deslinda de supervisar asentamientos (El Economista.31)

Pese a que la ley general de Protección Civil expone que el Ejecutivo Federal debe establecer una serie de acciones para evitar el asentamiento de poblaciones en zonas de riesgo, Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, afirmó que la Coordinación General del Protección Civil no tiene nada que ver con la supervisión de asentamientos humanos.

 

En conferencia de prensa, reiteró que Protección Civil, dependencia de la Segob, actuó conforme a los protocolos y lo que seguirá es deslindar responsabilidades a través de la "exhaustiva" investigación que ordenó el presidente Enrique Peña Nieto "para (saber) si hay autoridades estatales, municipales y federales involucradas en los asentamientos irregulares (...) que ante esta emergencia sufrieron severas consecuencias".

 

En tanto, el coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente reconoció que no tienen un diagnóstico sobre el número de asentamientos irregulares que existen en el país y que ponen en riesgo a la población durante fenómenos meteorológicos.

 

En entrevista telefónica con medios de comunicación dijo que esa información la están recabando en conjunto con las áreas de Protección Civil de los estados, con el Infonavit, el Servicio Geológico Mexicano, el Centro Nacional de Desastres y otras instancias, y se hará un estudio, el cual será enviado a los estados para que responda en qué momento se entregaron las licencias y se deslinden las responsabilidades.

 

Enfatizó que tras conocer los resultados de las investigaciones, si se detectan omisiones habrá sanción y aplicarán la ley.

 

Por su lado, Eduardo Sánchez agregó más detalles de la actuación del Gobierno Federal ante los efectos climatológicos de Ingrid y Manuel. Informó que la Sedena alertó a los mandos militares en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa; y desplegó mandos militares con el objetivo de coordinar las acciones en Yucatán, Campeche y Tabasco. Además, trasladó 22, 522 personas incomunicadas a sitios seguros.

 

Mientras tanto, la Marina movilizó en Guerrero a 1,103 efectivos para apoyar y salvaguardar la integridad de la población en las zonas afectadas, así como también evacuó a 4,800 personas de Acapulco a la ciudad de México.

 

 

VIVIENDA

Nacional

Reconstruirán más de 8,000 viviendas dañadas por lluvias (Hogaresnoticia.com)

Ayuntamientos tendrán que consultar los atlas de riesgo antes de otorgar cualquier permiso para asentamientos urbanos; actualmente 251 municipios del país ya cuentan con éstos y la Sedatu trabaja en la realización de 47 más.

 

México, DF.- Alrededor de 8,000 viviendas tendrán que ser reconstruidas por completo en todo el país, consecuencia de las inundaciones provocadas por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín.

 

De gira por Sinaloa y al participar en la Reunión del Consejo Estatal de Protección Civil en materia de desarrollo urbano y vivienda, Ramírez Marín dijo que actualmente 251 municipios del país ya cuentan con atlas de riesgo y la Sedatu trabaja en la realización de 47 más.

 

En el caso de Sinaloa, destacó que antes de concluir el 2014 se incluirá a la totalidad de los municipios que fueron afectados por las contingencias climatológicas dentro de los atlas de riesgo y los ayuntamientos tendrán la obligación de incorporarse al programa de reservas territoriales.

 

“Una vez inscrito este atlas de riesgo, junto con el atlas de riesgo nacional que inscribe el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los ayuntamientos primero tendrán que consultar este programa antes de otorgar cualquier tipo de permiso para asentamientos urbanos, de industria o desarrollo habitacional”, enfatizó.

 

Dijo que la tarea fundamental seguirá siendo la prevención. El gobierno de la república busca que estos atlas sean vinculatorios, es decir, que aquellas autoridades que transgredan las disposiciones del atlas o lo señalado en el Registro Nacional de Reserva Territorial, incurran en una responsabilidad.

 

Asimismo, dijo que el gobierno de la república aportará 100% de los recursos del programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, que suman alrededor de 64 millones de pesos, sin la aportación correspondiente de los gobiernos locales, y además, si fuera necesario podrán cambiarse las propuestas de proyectos originalmente presentadas.

 

Detalló que la secretaría colaborará con las evaluaciones para el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y contribuirá a que los recursos que deban destinarse a la reconstrucción de Sinaloa lleguen lo más rápido posible.

 

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano subrayó que en lo que corresponde al gobierno de la república la recuperación de Sinaloa será lo más rápido posible y reiteró su solidaridad con el estado

 

Datos oficiales indican que en Sinaloa 582 son las viviendas que necesitan ser totalmente reconstruidas, mientras que 1,200 más requieren ser reubicadas. Construirán más de 1,700 viviendas nuevas en esta entidad, para la población afectada.

 

 

Disminuyen Créditos Puente por reestructuración del sector vivienda: ABM (En Concreto)

Oct 02, 13 Disminuyen Créditos Puente por reestructuración del sector vivienda: ABM Directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) señalaron que si bien el crédito hipotecario ha mantenido un crecimiento del 7.9% anual, de agosto de 2012 al mismo mes de 2013, el crédito puente destinado a la vivienda, fue afectado por la presentación de nuevas reglas para los subsidios gubernamentales, en materia de crédito hipotecario.

 

“Donde sí ha habido una afectación debido a este cambio de política, es en el crédito promotor, en créditos puentes, allí sí ha habido una disminución, derivada fundamentalmente del reordenamiento que está teniendo el sector, tanto en lo que se refiere a las nuevas políticas de vivienda, como a la estructura de determinados agentes participantes, que están teniendo una serie de transformaciones y reestructuraciones en muchas operaciones“, expresó Luis Robles Miaja, Vicepresidente de la ABM, en la reunión bimestral con los medios de comunicación.

 

El ejecutivo señaló que la visión que tienen sobre el crédito hipotecario es muy positiva porque existe demanda, ya que cada vez más familias se incorporan a la sociedad y requieren de un financiamiento para adquirir una vivienda digna; agregó que los niveles de tasas de interés existentes permiten a muchos mexicanos adquirir una casa adecuada a sus ingresos.

 

En la reunión se detalló que no ha disminuido la evolución del crédito al sector privado, ya que tuvo un crecimiento del 9.6% anual de agosto de 2012 a agosto de 2013.

 

“En el lapso de referencia el crédito a empresas pasa de mil 122 miles de millones de pesos a mil 223, un crecimiento del 9% mientras que el crédito al consumo alcanza los 630 mil millones de pesos, un crecimiento del 14.3%; y el crédito a la vivienda llega a los 477 mil millones de pesos, con un crecimiento de prácticamente el 8%”, detalló Javier Arrigunaga Gómez Del Campo, Presidente de la ABM.

 

Sobre los temas que preocupan a la ABM con respecto a la Reforma Hacendaria el dirigente manifestó que corresponden al régimen de deducción de las pérdidas por parte de las Instituciones Bancarias; la eliminación de la exención que existe al IVA en intereses y comisiones en crédito hipotecario; además del correspondiente al régimen de transición de las ganancias de capitales en la Bolsa, del actual que exceptúa a las personas físicas del pago de impuestos al nuevo, que contempla tasa impositiva del 10%.

 

“La visión del Comité de Asociados es, independientemente de la mención que hice respecto de la desaceleración económica, que claramente México está avanzando con una Agenda de Reformas Estructurales muy relevantes, en un entorno internacional complejo, donde realmente la tarea que tienen que hacer todos los países es el fortalecimiento de sus fundamentos macroeconómicos”, sentenció Javier Arrigunaga Gómez Del Campo.

Por Víctor M Ortíz Niño

 

 

Vivienda en zonas de riesgo y corrupción (El Sol de México.15)

La coincidencia de los dos fenómenos meteorológicos (Ingrid y Manuel) que entraron al país al mismo tiempo -uno por el Pacífico y otro por el Golfo-, fue algo histórico, cierto; como también lo es que la cultura de prevención y protección civil en el país es endeble. Si a ello sumamos que en México se lleva a cabo un desarrollo urbano y territorial que desafía a la naturaleza, es un hecho que cada vez tendremos problemas más serios.

 

De acuerdo con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), en México hay más de cinco millones de viviendas ubicadas en asentamientos irregulares, con un aumento de 90 mil cada año, y un estimado de población en 2013 que supera los 20 millones.

 

La pregunta es ¿por qué, año con año, aumentan las viviendas ubicadas en asentamientos irregulares? La respuesta es: por la corrupción, propiciada tanto por autoridades -en todos sus niveles- como por las desarrolladoras y constructoras, pues por la gestión de unas y el aval de otras se conceden permisos de construcción de viviendas en zonas riesgosas.

 

Al menos en Acapulco, fueron autorizados cambios de uso de suelo y expedidas licencias de construcción entre 2002 y 2012 para desaparecer o modificar cauces de ríos, secar lagos o lugares que servían como desembocadura o vasos reguladores, arrasar con mangles y humedales; en esas zonas se ubican los mayores desastres que vive Guerrero, por lo que hoy no sólo se pide una investigación a fondo, sino además castigo a los responsables.

 

El Presidente Enrique Peña Nieto señaló que iniciará una investigación para castigar y sancionar con todo el peso de la ley, tanto a servidores públicos como a empresas constructoras que de manera "irresponsable" y "criminal" otorgaron permisos y hasta cambiaron los usos de suelo para permitir asentamientos en zonas que se han inundado. Bien, pero lo ideal no sólo es castigar a los culpables, sino elevar las sanciones y generalizarlas en todo el país para erradicar esas prácticas.

 

El problema es la corrupción, pero también se tienen que dar opciones ante la falta de un Plan de Desarrollo Urbano, porque gusto o no reconocerlo, no hay ordenamiento urbano ni territorial planeado, por lo que éste se da de acuerdo a la oferta de las inmobiliarias.

 

De acuerdo con datos del Censo de Población 2010, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron un total de 28 millones 607 mil 568 viviendas en el país, y se establece que 17 por ciento de las casas habitación en México se ubican en distintos asentamientos irregulares.

 

Por su parte, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de Desastres, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cada año 250 mil terrenos se incorporan al suelo urbano de forma irregular y 90 mil hogares se asientan en zonas de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Por su parte el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detalló que el 68 % de la vivienda se edifica de manera irregular y suele contar con el aval de autoridades.

 

Las cifras denotan el tamaño del reto que tiene enfrente el gobierno federal y que no debe postergarse. Ya se dio el primer paso, las autoridades federales señalaron que el programa de reubicación no sólo trabajará con las viviendas afectadas por los recientes fenómenos naturales, sino que se trata de una política permanente que busca dar opciones a quienes se encuentran en zonas de riesgo.

 

Los asentamientos irregulares son un grave problema con diversas aristas, actores y responsables, en la medida en que se erradiquen cada uno de los aspectos que intervienen, se acabará el problema de los asentamientos irregulares y las viviendas en zonas de riesgo.

 

 

Se reconstruirán más de 8 mil viviendas (Uno más uno.29)

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que alrededor de 8 mil 300 viviendas se tendrán que reconstruir por completo en todo el país, tras las inundaciones provocadas por los fenómenos naturales "Ingrid" y "Manuel".

 

Dijo que en el caso de Sinaloa son 582 las viviendas que necesitan ser totalmente reconstruidas, mientras que mil 200 más requieren ser reubicadas, por lo que se procederá de inmediato a la construcción de más de mil 700 viviendas nuevas en esta entidad, para la población afectada.

 

Durante la Reunión del Consejo Estatal de Protección Civil en materia de desarrollo urbano y vivienda, y donde estuvo presente el gobernador, Mario López Valdez, Ramírez Marín explicó que desde febrero, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó junto con la Política Nacional de ''Vivienda la necesidad de que los 90 municipios más importantes del país cuenten con su atlas de riesgo y sus planes de desarrollo urbano.

 

Señaló que actualmente 251 municipios del país ya cuentan con dichos atlas y en este año la Sedatu trabaja en la realización de 47 más.

 

 

SG: graves omisiones en los 3 niveles de gobierno (El Universal.4)

El coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría del Gobernación, Luis Felipe Puente, dijo ayer que hubo "omisiones históricas" de los tres niveles de gobierno que contribuyeron a un mayor número de víctimas y daños materiales.

 

El funcionario explicó que los errores se dieron en la aprobación de construcciones en lugares indebidos, así como en la deforestacion, que no fue detenida a tiempo. Informó que se realizan investigaciones en Acapulco para identificar a las autoridades que otorgaron permisos para el cambio en el uso de suelo.

 

Dio a conocer que la cifra de muertos aumentó a 157

 

** Omisiones históricas en emergencia, reporta SG

 

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, afirmó que hubo "omisiones históricas" en los tres niveles de gobierno que derivaron en las pérdidas de vidas humanas y daños materiales provocados por los ciclones Manuel e Ingrid que azotaron las costas de México.

 

"Es indiscutible que hubo omisiones históricas, de los tres niveles de gobierno, en la utilización de licencias en lugares indebidos, así como en la deforestación que no fue detenida en su momento. Esa es la valoración que estamos haciendo para poder determinar quiénes y cómo tuvieron responsabilidades en cada uno de los casos", dijo en entrevista telefónica.

 

Puente Espinoza informó que hasta el momento la cifra oficial de personas fallecidas por el paso de ambos fenómenos naturales ascendió a 157, de los cuales 101 corresponden a Guerrero -estado con el mayor número de víctimas-; mientras que Veracruz reporta 14 fallecidos; Oaxaca, 10, y el resto en las entidades afectadas.

 

El funcionario federal explicó que como parte de la investigación han tenido una serie de reuniones en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para conocer los expedientes que se refieren a las construcciones de la zona baja de las colonias Renacimiento y Colosio, en Acapulco, Guerrero.

 

Ello, dijo, para saber quién fue la autoridad que otorgó los permisos, quién hizo el cambio de suelo, quién determinó que esas zonas que son humedales federales podían ser utilizados, cuándo se hizo la expropiación de la tierra, a quién Se le vendió.

 

Esto, para poder determinar la responsabilidad de cada quien en su función, ya sea una autoridad municipal, estatal, o autoridad federal durante los años 2004 en adelante.

 

Dijo que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) esta revisando en Guerrero, Veracruz y Oaxaca todas las laderas por posibles deslaves; refirió que en Chilpancingo ya se han realizado alertas en 17 comunidades sobre posibles deslaves si sigue lloviendo.

 

Por la mañana, Eduardo Sánchez, Mocero en materia de Seguridad del gobierno federal, explicó que durante la contingencia hidrológica la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alertó a los mandos militares en Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

 

Castigan aumentos injustificados

 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el gobierno de la República no permitirá que, con el argumento de la contingencia provocada por los huracanes Ingrid y Manuel, haya aumentos injustificados de precio de productos básicos.

 

Ayer, el mandatario instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actuar de manera "estricta", a través de todas sus delegaciones en el país, a fin de asegurar que no haya incremento de precios de alimentos.

 

Dijo que ya se ha actuado dentro de la contingencia, a fin de sancionar a quienes quieran abusar "esgrimiendo cualquier argumento, pero aprovechándose de la ocasión o de la contingencia, del momento de crisis".

 

El secretario de Agricultura, Enrique Martínez, dijo que "no se vale especular sobre las circunstancias que hoy tienen lastimado a México. Sostuvo que no hay peligro de desabasto ni está en riesgo la producción alimentaria del país.

 

Detalló que además de las 569 mil hectáreas afectadas, se perdieron más de 100 mil unidades de animales, pero que gracias al agua acumulada se beneficiarán más de 21 millones de hectáreas cultivables y 100 millones de hectáreas ganaderas.

 

El presidente Peña Nieto hizo notar que pese a la emergencia provocada por Ingrid y Manuel y el daño que ocasionaron durante su paso por México, también dejaron beneficios, al recargar las presas y bordos, e incrementar los caudales.

 

El jefe del Ejecutivo ordenó a la Sagarpa y a la Conagua aprovechar óptimamente en el sector agropecuario el agua acumulada. "Que hagamos de esto que fue, sin duda, un impacto que generó desastres, también una oportunidad de sobreponemos y de tomar ventaja".

 

Hizo notar que 19 estados del país habían pasado por intensas sequías y ahora el agua acumulada vendrá a dar alivio, apoyo y optimismo a la gente que depende del sector primario y para el abasto de agua potable para la población.

 

 

Ordenamiento territorial y prevención (El Universal.23)

En medio los señalamientos sobre presuntas o reales responsabilidades entre los órdenes de gobierno y ex funcionarios de las diferentes administraciones; en momentos en los que aún no se supera la situación de emergencia con motivo de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, que afectaron a gran parte de la República mexicana, conviene llamar la atención sobre la actitud que hemos tenido como ciudadanos y como servidores públicos en casos anteriores de igual o más gravedad, y la que deberíamos observar en lo sucesivo si no queremos que éstas tragedias se repitan.

 

El ordenamiento territorial es uno de los grandes pendientes del desarrollo, toda vez que la presión demográfica, el cambio en el uso de los suelos, la degradación de los recursos y la sobreexplotación de los ecosistemas generan alteraciones que modifican los equilibrios de la naturaleza, amén de los conflictos sociales que se provocan por el cambio en los regímenes de propiedad y tenencia de la tierra; todo lo cual está especialmente caracterizado en las zonas urbanas.

 

Situación parecida acontece en las zonas rurales, en donde la densidad poblacional es menor, pero con algunas variantes localizadas en la falta de infraestructura para los servicios básicos de salud, educación, vialidad y comunicaciones propician el aislamiento de las comunidades, que se habitúan a la permanente situación de incertidumbre y amenaza a la integridad de los pobladores de estas áreas, a los que ya no sorprenden las dificultades, y ante el abandono de las políticas públicas de todo tipo no les queda más que hacerse cargo de sus propias tragedias.

 

Si de leyes, reglamentos y programas de gobierno se tratara, nada de lo que hemos visto en las últimas semanas hubiera ocurrido, lamentablemente la naturaleza de las políticas de Estado están determinada por el modelo de desarrollo económico dominante en cada país, ello nos lleva a entender por qué en México, ante la deficiente planeación para el uso, aprovechamiento y ocupación de los espacios del entorno, nos pasa lo que nos pasa; cuando se atenta contra la vocación natural de las tierras con fines de especulación y lucro, se da pie a que los fenómenos nos recuerden lo vulnerables que somos.

 

Desde el 21 de junio de 1993 se expidió en México la Ley General de Asentamientos Humanos, que establece obligaciones concurrentes entre la Federación, estados y municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, le da atribuciones específicas en la materia a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu), establece la obligación para las entidades federativas para legislar sobre el tema que nos ocupa, y a los municipios les corresponde instrumentar planes de desarrollo urbano, amén de evaluar y vigilar su cumplimiento. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece también obligaciones para las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También tenemos la Ley General de Protección Civil, que prevé las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil e involucra al sector privado y social en la consecución de sus objetivos, al frente de cuyo sistema está la Secretaría de Gobernación.

 

Lo anterior es importante señalarlo, pues resulta evidente que una política de ordenamiento del desarrollo se traduce en una política de prevención y de protección a la población; en ambas vertientes los supuestos normativos están vigentes, lo que les falta es la fuerza de la prioridad, la validez, legitimidad, eficacia y efectividad para hacerlos cumplir, con o que sin duda se pudo haber evitado la pérdida de vidas y mitigado las consecuencias que hoy padecen millones de mexicanos. En resumen, en el reparto de culpas nadie gana, nadie sale limpio y, lo peor, quienes pierden por acción y omisión de las autoridades, son -como siempre- los ciudadanos, entre ellos, los más pobres.

 

 

Damnificados denuncian cobro de 125 pesos semanales en albergue de Sinaloa (La Jornada.12)

En la comunidad de Villa Juárez, municipio de Navolato, opera un albergue cuyos administradores cobran 125 pesos semanales a decenas de damnificados por el huracán Manuel, a quienes no dan comida ni agua y los obligan a trabajar de jornaleros agrícolas.

 

Lo anterior fue denunciado por Luz Arelia, quien tiene tres hijos y buscó refugio en ese lugar, al que no han acudido autoridades a inspeccionar ni a entregar apoyos. La quejosa, de no más de 30 años, fue abordada por reporteros en la unidad administrativa del gobierno estatal, adonde acudió a pedir ayuda a las autoridades.

 

En Villa Juárez, uno de los poblados más grandes de Navolato, habitan principalmente migrantes que trabajan de jornaleros. Cada ciclo de siembra y cosecha se emplean en campos y empacadoras de hortalizas.

 

Esa región es una de las más afectadas por las inundaciones. Al igual que la de Luz Arelia, muchas familias buscaron refugio en los albergues, algunos habilitados por la Universidad Autónoma de Sinaloa y otros por el gobierno del estado. El refugio en el que se encuentra la joven madre es administrado por un particular, cuya identidad se desconoce.

 

Está lleno el albergue. Ahorita a todos nos están cobrando 125 (pesos) por semana. Y pues ahorita que no hay trabajo, ¿cómo vamos a pagar?, expresó Luz Arelia. Sostuvo que nadie ha acudido al lugar a verificar lo que pasa ni si tienen agua, comida, ropa y medicinas.

 

Trabajamos cada tercer día, y ahorita le digo al señor (administrador del albergue) que trabajé ayer, y nos pagarán hasta el miércoles... ¿qué le voy a dar de comer yo a mis hijas, oiga?, se preguntó.

 

Luz Arelia peregrinó de la Secretaría General de Gobierno a la de Desarrollo Social y Humano y al despacho del gobernador. Comentó que una secretaria le informó que no estaba el mandatario y que por el momento no estamos entregando apoyos.

 

Relató que tras la inundación sólo salvó el refrigerador y el televisor, y el resto de aparatos y muebles, incluida una pequeña estufa, se echaron a perder.

 

8 mil 300 casas destruidas

 

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que serán reconstruidas 8 mil 300 viviendas que fueron destruidas en su totalidad por el paso de Manuel e Ingrid.

 

El funcionario participó en una reunión de evaluación de los daños en nueve municipios de Sinaloa, encabezada por el gobernador Mario López Valdez.

 

Ramírez Marín dijo que se valora reubicar colonias y asentamientos rurales que estén en zonas de riesgo. Indicó que ordenará que recursos de programas como el de recuperación de espacios públicos se utilicen para apoyar a los damnificados.

 

 

Segob admite "omisiones históricas" (Excélsior.22-23)

La Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaria de Gobernación, reconoció que hay "omisiones históricas de los tres órdenes de gobierno" que contribuyeron a que el paso simultáneo de dos fenómenos meteorológicos dejara la peor devastación en 50 años en el territorio nacional.

 

Señaló que hasta el momento han dejado un saldo de 157 muertos, 101 en Guerrero, 14 en Veracruz, 10 en Oaxaca y el resto en otras entidades, y mantiene a más de ocho mil damnificados en albergues, principalmente, en Guerrero.

 

En entrevista, Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil, aseguró que por ello se está investigando a fondo para establecer quién es responsable del cambio de uso de suelo y permisos de construcción en zonas de riesgo, como sucedió en Guerrero.

 

"Es indiscutible que hubo omisiones históricas, tanto en la utilización de licencias en lugares indebidos, como en la deforestación que no fue detenida en su momento. De los tres niveles de gobierno, es indiscutible, yo lo he dicho", señaló Puente Espinoza.

 

El funcionario explicó que las investigaciones para deslindar responsabilidades por omisiones o corrupción se llevarán a cabo en todos los niveles y en distintos años, por lo que podría alcanzar a funcionarios de la pasada administración.

 

"El día de ayer estuvimos en la Sedatu reunidos, de que la investigación de cada uno de los expedientes que se refieran a las construcciones en la zona baja de la zona de Renacimiento, Colosio y todas éstas que se amañaron por GEO, Homex y otras empresas van a ser analizadas puntualmente para saber quién fue la autoridad que otorgó los permisos, quién hizo el cambio de suelo, quién determinó que esas zonas que eran humedales de carácter federal podían ser utilizados, cuándo se hizo la expropiación de la tierra, a quién se le vendió y poder determinar la responsabilidad, como lo ordenó el Ejecutivo federal, de cada quien en su función.

 

Ya sea una autoridad municipal, estatal, y puede darse el caso que pueda ser alguna autoridad federal durante los años 2004 en adelante", detalló.

 

Informó que se estará construyendo un censo de diversos asentamientos humanos en zonas vulnerables, a fin de tomar las medidas para evitar eventuales emergencias.

 

"Para tal efecto le estoy pidiendo al Centro Nacional de Prevención de Desastres que nos haga un estudio y lo enviemos a cada uno de los estados para que nos respondan cuándo se entregaron las licencias de las zonas que están ubicadas en Veracruz, en Oaxaca, sobre todo lo más importante son las zonas serranas, hacia las zonas costeras, que son las que mayores probabilidades tienen de estas condiciones", señaló, por lo que el diagnóstico podría estar listo en una semana, puntualizó.

 

Igualmente explicó que Protección Civil debió haber emitido, en su momento, opiniones para que se otorgaran licencias de construcción, "documentos que negaran, por lo menos en el diagnóstico, la posibilidad de hacerlo", dijo.

 

Por ello, pidió que se investigue, en todos los estados del país, a cada una de las coordinaciones y a los titulares de Protección Civil para determinar en qué momento ya sea el gobierno estatal o el municipal les solicito emitir una recomendación.

 

Por otro lado, el funcionario reconoció que aún falta consolidar un Atlas Nacional de Riesgos entro otros aspectos en materia de protección civil que ya se están trabajando.

 

** Colaboración

 

El Ejército movilizó un total de 11 generales, 56 jefes, 327 oficiales, seis mil 849 soldados, 235 vehículos terrestres, 11 aviones y 12 helicópteros, desplegados bajo el Plan DN-III de auxilio a la población civil para ayudar a los estados que sufrieron daños.

 

La Secretaría de Gobernación detalló que hasta el momento el plan de auxilio se ha implementado en los estados de Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Oaxaca y Michoacán.

 

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha trasladado a Guerrero -el estado más afectado por el paso de los meteoros- mil 128 toneladas de víveres, 557 por vía terrestre y 571 por vía aérea.

 

Por otra parte, la dependencia señaló que se avanza en las investigaciones para determinar la responsabilidad de servidores públicos que permitieron asentamientos humanos o la creación de complejos habitacionales en donde no estaba permitido, y fueron afectados por el desborde de ríos, inundaciones, deslaves y derrumbes.

 

** Gobernación se deslinda de asentamientos de alto riesgo

 

A pesar de que la Ley General de Protección Civil, señala que el Ejecutivo federal, es responsable de vigilar que no se autoricen asentamientos humanos en zonas de riesgo, el vocero del gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez, aseguró que la Coordinación Nacional de Protección Civil, que depende de la Secretaría de Gobernación, no tiene nada que ver con dicha vigilancia y que esta depende sólo de los gobiernos estatales y municipales.

 

Al dar un balance de la ayuda y las acciones realizadas para el auxilio de las víctimas de los huracanes Manuel e Ingrid, Sánchez Hernández señaló que habrá que esperar el resultado de la investigación que ordenó el presidente Enrique Peña Nieto.

 

"La Coordinación Nacional de Protección Civil, no tiene nada que ver con la supervisión de asentamientos humanos, de la investigación ordenada por el Presidente de la República", sostuvo.

 

Sin embargo el artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, donde se habla sobre las responsabilidades del Ejecutivo federal en materia de Protección Civil:

 

"Vigilar, mediante las dependencias y entidades competentes y conforme a las disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades", señala la fracción octava de dicho artículo.

 

El también subsecretario de Normatividad de Medios de la Segob, insistió en que la Coordinación Nacional de Protección Civil, actuó conforme a los protocolos establecidos.

 

 

Coordinación de Protección Civil se deslinda de daños por las lluvias (La Crónica de Hoy.7)

El gobierno federal rechaza que la Coordinación Nacional de Protección Civil tenga responsabilidad en la afectación que sufrieron asentamientos humanos irregulares en zonas azotadas por las lluvias.

 

Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Seguridad Pública, dijo lo anterior y señaló además que la investigación de posibles actos de corrupción o anomalías en los permisos de construcción de viviendas en esas zonas se darán a conocer en su momento.

 

"La investigación ordenada por el Presidente de la República tendrá una primera fase, que será una investigación administrativa, será la Sedatu quien revisará los expedientes que cada uno de los municipios y de los gobiernos estatales cuenten con respecto a los asentamientos humanos de vivienda y de construcción que fueron afectados por el paso del agua.

 

A partir de ahí se establecerán responsabilidades y desde luego que si deriva una acción penal, se ejercerá con toda energía y en estricto apego a derecho", dijo.

 

Al detallar las acciones que han realizado las fuerzas armadas por la contingencia, el funcionario aclaró que preventivamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alertó a los mandos militares en Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

 

Reiteró que las autoridades federales activaron planes de contingencia y apoyo a la población al conocerse la evolución de los sistemas que originaron a los huracanes Ingrid y Manuel, los cuales dejaron miles de damnificados en el país.

 

           

SECTOR EMPRESARIAL

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

 

Encarecer vivienda con IVA es contrario a la libertad del mercado: Coparmex (Hogaresnoticia.com)

Este gremio empresarial es partidario de la creación de la Siefore Infonavit, tal y como sucedió con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (Siglo XXI) y el ISSSTE (Pensionissste).

 

México, DF.- La reforma hacendaria, tal cual se plantea, limitaría el acceso a la vivienda por el desperfilamiento de los trabajadores, generaría un impacto desfavorable en el poder adquisitivo de los empleados y deterioraría el tejido socio-económico, aún cuando los dos ejes rectores de la política pública son la pobreza y el combate a la delincuencia, advirtió la Comisión de Vivienda de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 

En un comunicado, el gremio empresarial considera que antes de tomar medidas como las propuestas en la iniciativa fiscal, el gobierno federal debe adoptar temas como: Incorporación a la formalidad de todos los sectores distorsionantes de la baja recaudación; que se establezca un programa estricto de austeridad, reducción y optimización del gasto; y que se fijen indicadores de productividad anual, más allá de elementos de competitividad, al ser consecuencia de ello.

 

Desde su punto de vista, intervenir en los precios de venta encareciéndolos con el IVA, es contrario a la libertad del mercado y acota la sana relación de oferta-demanda. Además, el impacto de estímulo a la producción de vivienda económica no es evidente, porque prácticamente se anula el efecto del subsidio. El trabajador tendría que aportar ese diferencial.

 

De igual manera, el valor de la garantía disminuiría con su incorporación en el precio de venta. Y la vivienda más cara, y el consecuente desperfilamiento, generarían inventarios en proceso de producción y venta, comprometiendo la recuperación de créditos para las financieras por la probable cartera vencida, la no liberación de reservas y las pérdidas en el tiempo.

 

En cuanto a la vivienda usada, habría un impacto total con ese 16% de IVA, haciéndolo un producto no competitivo y en franco deterioro de su valor, con la consecuente minusvalía en carteras por recuperar para las instituciones financieras y comprometiendo más aún, el caso de viviendas recuperadas. Habría entonces, un incremento en la cartera vencida de las entidades financieras en aquellos créditos con pagos crecientes.

 

Sin bajar la guardia

 

La Comisión de Vivienda de la Coparmex dijo que ven parcialmente con entusiasmo el anuncio del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, en el sentido de que la vivienda social no estará sujeta a dicho impuesto, esto al amparo del artículo 42 de la Ley del Infonavit. Aunque estarán muy pendientes de las resoluciones y precisiones que dé la autoridad en ese sentido, a partir de las mesas de trabajo que se tienen entre esa secretaría y el sector privado.

 

Respecto a la Subcuenta de Vivienda para el seguro de desempleo, aseguran que lleva más de 40 años un acuerdo que son gastos de previsión de las empresas en una cuenta individualizada que forma parte del patrimonio en favor de un trabajador, y el objetivo de modificarla, correspondería al involucramiento de estos dos actores.

 

De tal suerte que el sector patronal estaría de acuerdo en disminuir la aportación al 2% para vivienda, pero al eliminar 3%, sería oportuno darle un margen de disminución impositiva e impulsar la competitividad y productividad de las empresas, derivando en mejores condiciones salariales para los trabajadores.

 

Sugieren que se reglamente que el trabajador que pierda el empleo no solamente tenga una prórroga automática (caso el Infonavit), sino que también se reglamente que el trabajador pueda disponer de alguna cantidad de lo acumulado en su subcuenta de vivienda para efecto de ayudar en su desempleo; no dejando de considerar que si ya tiene una liquidación que le sirve para tres meses, éste último pueda actuar después de esto.

 

“La reducción de la aportación de 5 al 4% a la subcuenta de vivienda descompondría las corridas financieras de amortización, porque cuando se otorga un crédito, la aportación patronal es parte de esa amortización. Ya hay corridas que manifiestan que con el efecto de prórroga y reducción de aportación se vería rebasado en tiempo el tope legal de amortización de un máximo de 30 años, y de ser el caso, también se romperían los estándares del descuento porcentual sugerido para una cartera crediticia sana, esto por los parámetros de tiempo de amortización de las tablas actuariales establecidas. O bien, se tendrán que trasladar adeudos generacionales.”

 

Es oportuno mencionar que el Infonavit preparó una administración en función de los ingresos por la aportación patronal del 5%, de ahí que su adelgazamiento sería oneroso. En su caso, la Coparmex es partidaria de la creación de la Siefore Infonavit, tal y como sucedió con la del IMSS (Siglo XXI) y el ISSSTE (Pensionissste).

 

Y es que, se requerirían muchos cambios de ley y reglamentarios que no eximen a las instituciones de litigios de legitimidad por esta adecuación, además de que vulneraría su atención por los limitados recursos administrativos en el caso de la reducción porcentual.

 

Otra consecuencia, prevén, es que se colapsaría inmediatamente el recién anunciado programa de renta por elevación de costo e inviabilidad por decremento en el valor de la garantía de no pago. Y no olvidemos que éste es un programa de alto interés y compromiso del actual gobierno federal.

 

En tanto que, agregan, la vivienda abandonada-recuperada dejaría de ser atractiva por efecto del potencial encarecimiento y aportación restringida, convirtiéndose en un activo tóxico que requerirá un alto nivel de reservas que hacen inviables a las instituciones, ya en el corto plazo.

 

Aprovecharon para decir que se adhieren al planteamiento de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) de acotar a cuatro años la deducibilidad de tierra adquirida, revirtiéndose al finalizar este plazo si no se desarrolla.

 

 

Se debe corregir 90% de reforma hacendaría, advierte Coparmex (El Universal.3)

El sector empresarial del país indicó que 90% de lo propuesto dentro de la iniciativa de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo se deberá corregir, de lo contrario llevaría a México a un estancamiento económico, alertó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 

"Estamos a tiempo de evitar el deterioro de la confianza que los inversionistas han mostrado en México; hago un llamado a los legisladores para actuar con cordura y valorar las alternativas a su alcance", dijo.

 

El líder patronal enfatizó que la iniciativa no deja claro el proyecto de país que el gobierno quiere, hay contradicciones e insuficiencias, que resultará en "una miscelánea fiscal" con altos costos sociales.

 

El economista Arturo Damm consideró que la iniciativa es "un engendro tributario", ya que no aumenta la recaudación y no tiene pies ni cabeza. Esto, dijo, demuestra que el gobierno gasta de más y pretende meter la mano al bolsillo de los contribuyentes.

Opinó que México tiene la oportunidad de una reforma tributaria perfecta; esta deberá revisar en qué, cómo y cuánto gasta el gobierno, además de recaudar más para que contribuyentes paguen menos y cobrar a quienes no pagan.

 

Para el especialista lo más importante en una reforma fiscal es que esta debe elevar la competitividad de la economía para atraer, retener y multiplicar inversiones directas para crear empresas y generar empleos.

 

El economista Jonathan Heath alertó que de aprobarse la reforma hacendaria sin cambios estructurales incrementarán los problemas de desaceleración, e indudablemente nos empujaría a recesión.

 

Castañón Castañón aseguró que la estructura tributaria para los ingresos, en los hechos, implicaría para las empresas una afectación del 50%; entre 30% de ISR a nivel corporativo más 10% en dividendos, además del pago del PTU. Por lo tanto, "no hay empresa en México que resista un alza así".

 

 

La IP insiste en los cambios (Excélsior.9)

La reforma hacendaría pone en riesgo el crecimiento del país, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 

"Es un atentado contra la economía, porque pone en riesgo la estabilidad de nuestras finanzas al promover un déficit fiscal que en algunos años todos tendremos que pagar. Además, debilita al sector formal, justo en el momento en que necesitamos mayor consideración".

 

El líder empresario aseguró que de aprobarse la iniciativa tal como fue propuesta al Congreso de la Unión, se acentuará la recesión que vive el país, debido a que el actual contexto es de baja inversión, así de como mínima generación de empleos, factor al que se suma un mercado interno debilitado.

 

Dijo que el sector privado propone ajustes a 90 por ciento del contenido de la iniciativa.

 

Uno de los puntos a modificar es la deducción parcial sobre prestaciones sociales, ya que esta medida encare ce ocho por ciento la generación del empleo.

 

Explicó que la estructura tributaria para los ingresos implicará para algunas empresas una afectación de hasta 50 por ciento. "Entre 30 por ciento de ISR a nivel corporativo, más diez por ciento al pago de dividendos, más el impacto en el ISR que tendrá la deducción parcial de prestaciones sociales no hay empresa que resista un alza así".

 

En su opinión, es inválida para los empresarios una política de endeudamiento sin el respaldo de un crecimiento sostenido, en donde se presenta una agresiva miscelánea fiscal con fines solamente recaudatorios que desincentiva el empleo formal.

 

"Creemos que el debate parlamentario y la cordura de las autoridades federales debe imponerse para corregir todo lo que en esta propuesta deba corregirse, en beneficio de la productividad y la formalidad, y especialmente en beneficio de una economía competitiva", agregó.

 

El representante del sector patronal demandó de los legisladores evaluar opciones para la reforma fiscal que impactarían en menor medida a la clase media y al sector productivo, como aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) general a 17 por ciento, regresar la tenencia al ámbito federal, gastar menos para ahorrar más recursos públicos y repensar la velocidad de la reducción de los subsidios a la gasolina.

 

 

Coparmex baja a 1.2% su expectativa de crecimiento (El Financiero.13)

El sector patronal del país ajustó a la baja sus expectativas de crecimiento económico de 1.9 a 1.2 por ciento, con lo cual sólo se podrán crear 400 mil empleos formales este año.

 

Juan Pablo Castañon Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que no se pueden cerrar los ojos a que México avanzará poco en este año, porque no sólo ha sido afectado por la crisis de los países en Europa y por los ciclones Manuel e Ingrid, sino que ahora está el problema del paro parcial de actividades en Estados Unidos.

 

Advirtió que si se alarga más de un mes el problema en ese país, la economía mexicana se verá todavía más "trabada", porque se aceleraría la caída en las exportaciones.

 

Entrevistado en el marco de la conferencia para socios Coparmex: "Implicaciones y afectaciones de la iniciativa de reforma fiscal", explicó que el país registra pérdidas por más de 60 mil millones de pesos a causa de los dos últimos fenómenos climatológicos y lo que se "dañó por esto no se reconstruirá en los tres meses que restan para que termine 2013".

 

Dijo que es urgente que el gobierno federal aterrice el ejercicio del presupuesto para inversión, "debe ya terminar el subejercicio en el que ha incurrido en los nueve meses del año".

 

Comentó que la Secretaría de Hacienda sostiene que no hay subejercicio en el gasto público y que ya está asignando presupuestos en distintos cajones para ejercerlos; sin embargo, todavía falta que se aprueben todos los requerimientos técnicos en los proyectos de infraestructura.

 

Además, existe el riesgo de que el gobierno por cumplir con la meta del gasto presupuestal, empiece a realizar obras o compras sin supervisión, "sólo por acabarse los recursos que se autorizaron para este año", advirtió.

 

 

Amparos por reforma hacendaria, prevé IP (El Financiero.10)

De aprobarse la iniciativa de reforma hacendaria en los términos propuestos por el Ejecutivo federal, se anticipan amparos por parte del sector empresarial por las afectaciones que tendría en sus negocios, adelantó Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 

Entre el capital privado persiste la inconformidad, por considerar que la reforma inhibirá el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleos.

 

Castañón señaló que analistas han hecho observaciones en 90 por ciento de la iniciativa, algunas de "fácil corrección y otras de fondo", e insistió en que la propuesta tal y como está no resuelve los problemas del país, porque no deja de ser una miscelánea fiscal que tendrá que corregirse cada año.

 

Juan de Dios Barba, expresidente de la Coparmex en el Distrito Federal, planteó que si el Congreso aprueba la reforma, los empresarios deben unirse y promover amparos en su contra.

 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aceptó revisar algunos puntos de la iniciativa.

 

** Amparos de empresarios si hay reforma hacendaria sin cambios

 

De aprobarse la iniciativa de reforma hacendaria en los términos propuestos por el gobierno federal, se anticipan amparos por parte del sector empresarial debido a las afectaciones que tendrían en sus negocios, adelantó Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 

A casi un mes de que el Ejecutivo federal entregó al Congreso de la Unión su propuesta de reforma hacendaria para su análisis y aprobación, en su caso, persiste la inconformidad por parte de la iniciativa privada, por considerar que inhibirá el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleos.

 

El dirigente de la Coparmex señaló que 90 por ciento de la iniciativa de reforma hacendaria presenta observaciones, algunas de "fácil corrección y otras de fondo" e insistió que la propuesta tal y como está no resuelve los problemas del país, porque no deja de ser una miscelánea fiscal que tendrá que corregirse cada año.

 

Desde su perspectiva, el gobierno todavía está a tiempo de evitar el deterioro de la confianza de los inversionistas si acepta la modificación a la reforma fiscal que presentó a los diputados y senadores, que no sólo no impulsa a la economía, sino pone más obstáculos a las empresas, impulsa la informalidad e inhibe la inversión.

 

Observó que la iniciativa no deja claro el proyecto de país que el gobierno quiere construir, hay contradicciones e insuficiencias, lo que da como resultado un marco fiscal con altos costos sociales.

 

Aseguró que la estructura fiscal para los ingresos, en los hechos, implicaría para las empresas una afectación de 50 por ciento; entre 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a nivel corporativo, más 10 por ciento en el pago de dividendos, además del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU); por lo tanto, "no hay empresa en México que resista un incremento".

 

Durante la conferencia para socios de la Coparmex, titulada "Implicaciones y afectaciones de la iniciativa de reforma fiscal", Juan de Dios Barba, expresidente del organismo en el Distrito Federal, planteó que si el Congreso aprueba la reforma tal y como ésta, los empresarios deben unirse y promover amparos en contra de los cambios fiscales.

 

El economista Arturo Damm dijo que si el gobierno hubiera propuesto un impuesto único al consumo a una tasa de 10 por ciento, habría recaudado más que los 15 gravámenes juntos que integran nuestro marco tributario.

 

Aseguró que esa es la reforma fiscal que necesita el país, pues generaría riqueza e involucraría a todas las personas físicas sin excepción, además de que contribuiría a incrementar el gasto público.

 

Reiteró que con un impuesto a las ventas, el gobierno federal recaudaría lo mismo que con los 15 impuestos que hoy tiene, esto además nos haría más competitivos y generaría riqueza, es el único camino correcto al progreso.

 

Jonathan Heath, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), acusó que la propuesta hacendaria de Enrique Peña Nieto atenta contra el crecimiento económico del país y pone en riesgo la recuperación de nuestra economía que es incipiente y frágil.

 

Advirtió que si la iniciativa es aprobada por el Congreso, no podría sobrevivir por un largo periodo, porque desalentaría a todos los motores de la economía, porque no sólo pretende cobrar más impuestos a los que más tienen, sino a la gran mayoría de la población y de las empresas y "sólo porque el gobierno quiere más dinero".

 

Entre las afectaciones de la reforma fiscal, en la inversión y empleo formal, la Coparmex mencionó el ISR a dividendos y aseveró que la tasa efectiva pasaría de 30 a 37 por ciento, nivel que sería superior a países como Estados Unidos.

 

Otro de los impactos, agregó, es la deducibilidad parcial de prestaciones sociales, repercutirá en un aumento de entre 2 a 5 por ciento en la tasa efectiva del ISR.

 

 

Se debe corregir 90% de la propuesta tributaria (El Economista.5)

De la propuesta hacendaria del Ejecutivo se debe revisar y corregir 90%: de aprobarse como está, frenaría la incipiente recuperación que muestra la economía mexicana y condenaría a México a una merma en la competitividad de su aparato productivo y en el bienestar de su clase media, coincidieron economistas, empresarios y legisladores.

 

Al participar en la conferencia sobre implicaciones y afectaciones de la iniciativa de reforma fiscal ofrecida por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), su presidente, Juan Pablo Castañón, aseguró que los empresarios trabajan a marchas forzadas con el Congreso para revisar y corregir la propuesta.

 

"El riesgo más importante es que se apruebe la reforma hacendaria tal como viene, porque atenta contra los factores que quieren recuperarse, como es la manufactura de exportación, la construcción, la inversión fija bruta y el consumo de los hogares", sostuvo Jonathan Heath, consultor internacional e integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

 

En su oportunidad, el diputado panista José Ángel González alertó que la reforma de Enrique Peña puede ser aprobada por mayoría simple con el apoyo del PRI, PVEM y Panal, "ellos tiene los votos... No nos necesitan".

 

"Lo más grave de la reforma, más allá de sus debilidades técnicas, es que no deja claro el proyecto de país que pretende construir. Sin la claridad, las contradicciones e insuficiencias son más notorias y el resultado es una miscelánea fiscal con altos costos sociales, sin el compromiso del gobierno para ser más eficiente", acotó el empresario.

 

* Subsidios, alternativa

 

En su oportunidad, Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que la propuesta para crear un seguro de desempleo "ni es segura ni es social", y en cambio, "enchilan a la clase empresarial", pues el gobierno federal podría recaudar más recursos si quita los subsidios como el de Procampo, que no va dirigido precisamente a los pobres.

 

Rolando Ramírez, consejero de la Confederación de Agentes Aduaneros, se quejó de que, al desaparecer al apoderado aduanal, se abrirá un boquete fiscal para dar lugar al crecimiento de contrabando, subvaluación, evasión e inseguridad jurídica.

 

 

Consejo Coordinador Empresarial

 

Se puede corregir 90% de la propuesta.- IP (Reforma.1)

El sector empresarial señaló que 90 por ciento de la iniciativa de reforma hacendaria que presentó el Ejecutivo tiene observaciones, algunas de fácil corrección y otras de fondo.

 

Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que entre las más complejas destacan las relacionadas con las cuotas obrero-patronales.

 

"Es un atentado en contra de la economía, porque pone en riesgo la estabilidad de nuestras finanzas, al promover un déficit fiscal que en algunos años todos tendremos que pagar.

 

Debilita al sector de la economía formal, justo en el momento en que necesitamos mayor consideración con todos los que producimos hoy en día en México; y por si fuera poco, dificulta la tarea de elevar la productividad de todos los que producimos en el País", aseguró.

 

El dirigente de los patrones cuestionó la pensión universal, que podría llegar a costar casi todo lo que actualmente recauda el Gobierno, esto es casi un 10 por ciento del PIB.

 

"Este es sólo un ejemplo de por qué no podemos dar por sentado, sin una discusión de fondo, la supuesta necesidad del Gobierno para obtener más recursos", subrayó.

 

Se pronunció contra el doble costo que significaría fondear un seguro de desempleo y el pago de los costos de indemnización.

 

Por su parte, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la reforma puede perfeccionarse en temas que tocan a sectores como el maquilador, vivienda y minero.

 

"Hoy hemos avanzado mucho en encontrar acercamientos, en entender argumentos, en recibir información muy útil para el análisis de la reforma y, sin lugar a dudas, la haremos llegar a los diputados", señaló el titular de Hacienda, Luis Videgaray luego de reunirse con el CCE.

 

Recalcó que son los legisladores quienes tienen la facultad de tomar decisiones sobre la reforma hacendaria.

 

Sin embargo, admitió que han encontrado coincidencias con el sector privado y mencionó que hay algunos temas que se pondrán a consideración de los diputados, como lo referente a la industria maquiladora de exportación, el sector minero, energético y de vivienda.

 

Gutiérrez Candiani indicó que hubo un avance importante en las mesas de negociación con la autoridad.

 

"En la mayoría de las 15 mesas hay avances importantes, por ejemplo, la parte de maquiladoras, minería, vivienda, sobre todo cómo se protege la parte de interés social, sobre todo la parte de los impuestos a personas morales, cómo hacerlos más competitivos y cómo a las personas físicas de clase media y media baja que no tengan una afectación", destacó.

 

Adelantó que seguirán con las mesas de trabajo, y al fin de semana poder cerrar el análisis para que después los legisladores consideren las propuestas.

 

Así lo dijo

"Vemos con preocupación que los nuevos impuestos están enfocados a financiar programas riesgosos con objetivos y alcances poco claros, a costa del sector productivo del País".

Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex

 

 

IP rechaza reforma fiscal del gobierno (El Universal.18)

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, informó que se instalaron 15 mesas de negociación con el gobierno federal para revisar la propuesta de reforma hacendaria.

 

Luego de participar en las audiencias públicas con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el representante de los empresarios afirmó que la reforma es regresiva y no ayuda a generar los niveles de competitividad y productividad que el país necesita.

 

"Si una reforma no promueve la competitividad, la productividad, el empleo, la inversión, el crecimiento económico, que es fundamental, o lo limita, por supuesto que tendría que ser una reforma regresiva", dijo el dirigente.

 

Explicó que las 15 mesas de negociación instaladas abarcarán temas transversales y por sectores productivos, tratando en perfeccionar muchos de los puntos que desde el sector empresarial no ven con buenos ojos.

 

Gutiérrez Candiani afirmó que con las mesas de negociación se busca modificar la propuesta hacendaria del Ejecutivo.

 

"Queremos que esta reforma nos ayude a generar los niveles de competitividad y productividad que necesita México, no podemos seguirnos rezagando, y un alza de impuestos tan importante nos deja en total desequilibrio con las principales economías del mundo y con nuestros socios comerciales", reiteró el empresario.

 

En el documento que entregó a diputados, el CCE advierte que al menos hay tres puntos de la propuesta que, en su opinión, desalientan la inversión, se percibe una sobrecarga excesiva a empresas y contribuyentes cautivos y se proponen esquemas que propician inseguridad jurídica.

 

En el caso de la homologación de la tasa del IVA en la zona fronteriza, los empresarios del país consideraron que puede traer consecuencias graves para la competitividad, por lo que pidieron a los legisladores optar por la gradualidad.

 

El directivo del CCE señaló que en un ambiente de desaceleración económica, como el que actualmente atraviesa México, una reforma hacendaria como la que propuso el gobierno federal, acentuaría los problemas financieros.

 

"Tenemos hasta el domingo"

 

Ayer por la noche, Gerardo Gutiérrez Candiani se reunió -con el pleno del Consejo Coordinador Empresarial- con el secretario de Hacienda Luis Videgaray para detallar la mecánica de las mesas de trabjo y de la revisión de la reforma hacendaria que debe aprobarse en el pleno de San Lázaro antes del 15 de octubre, para darle al Senado un mes más para su análisis.

 

Gutiérrez Candiani aseguró que tienen la promesa del secretario de Hacienda para poder modificar algunos puntos de la reforma.

 

Al despedirse el secretario de Hacienda le comentó al líder empresarial: "me lo llevo de tarea".

 

"Estamos trabajando de manera conjunta en temas de vivienda, y vemos factible eliminar el IVA en vivienda de interés social, que se corrija la propuesta de cobrar impuestos a los intereses y comisiones en créditos hipotecarios", comentó el funcionario.

 

Las mesas de trabajo acordadas entre el sector empresarial y el gobierno federal arrancarán este jueves y de ellas saldrán propuestas para el gobierno federal.

 

 

Desplegado / Amedem (Milenio Diario.35)

La Asociación Mexicana de Empresas de Distribución y Envíos Masivos, A.C. (AMEDEM) se pronuncia por una reforma hacendaría auténtica, que resuelva de manera integral los problemas de financiamiento público en nuestro país sin dañar a la economía mexicana.

 

Como lo ha indicado el Consejo Coordinador Empresarial, cualquier reforma hacendaría viable debe distribuir equitativamente la carga fiscal entre un universo cada vez mayor de contribuyentes, con énfasis en promover la formalidad y sin ahogar la capacidad de emprendimiento.

Al mismo tiempo, es esencial que el Estado muestre con hechos voluntad para mejorar sustancialmente la eficacia del gasto que realiza con los recursos fiscales, sin dispendio, ni subsidios injustificados que sólo distorsionan el funcionamiento eficiente de los mercados.

Se trata del dinero de todos los mexicanos, aportado en buena parte por las mismas empresas que crean empleos y permiten el crecimiento de la economía. La responsabilidad del Estado es recaudarlo de manera eficaz y equitativa para gastarlo con transparencia y eficacia, a favor de todos los mexicanos.

Responsable de la publicación: Carlos Salinas Ruíz

 

 

Empresarios quieren 'quitarle dientes' al regulador de telcos (El Financiero.18)

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propusieron al Congreso de la Unión incluir la figura del recurso de reconsideración en la legislación secundaria de la reforma constitucional en telecomunicaciones. Esto con el objetivo de suspender la ejecución de las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que afecten intereses de los operadores.

 

"Lo que quisiéramos tener es que cuando haya una situación en donde el IFT tome alguna posición sobre algún tema, pudiera haber la posibilidad de que una instancia interna, del propio IFT, pudiera cambiar la opinión y reconsiderar", comentó Gabriel Székely Sánchez, director general de la Asociación.

 

De acuerdo con las recomendaciones de la Anatel, la reforma constitucional es clara en la prohibición de los recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales del IFT. En virtud del acotamiento de los recursos y la suspensión del acto reclamado, es importante garantizar que la parte afectada por una resolución tenga acceso al recurso de reconsideración ante el propio IFT.

 

"Se propone la instauración de un procedimiento para sustanciar dicho recurso y que, cumpliendo ciertos requisitos, la interposición del recurso suspenda la ejecución del acto impugnado", establece la propuesta.

 

Si no se acepta esta proposición, la única instancia para dirimir los temas serán los tribunales especializados y, en algunos casos, esto puede irse a instancias mayores, dijo Székely.

 

Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy&Law, consideró necesaria la instauración de la figura del recurso de reconsideración ante las decisiones del regulador, debido a que permitirá llegar a arreglos rápidos y económicos.

 

"Una figura de este tipo permitirá reducir los litigios hasta en un 70 por ciento", comentó Negrete, quien aseguró que el CCE también envió recomendaciones al Legislativo para incluir la figura del recurso de reconsideración.

 

Durante la época de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), había recursos de reconsideración, pero sólo dentro una etapa de litigio en contra de las resoluciones del regulador, explicó.

 

Después de que el sector atravesó un periodo tan conflictivo, ahora cruza por una etapa donde existe un marco jurídico nuevo y todos los operadores han sido obligados a poner de su parte, expresó.

 

Gabriel Sosa Plata, analista del sector, indicó que el recurso de reconsideración es finalmente una especie de suspensión, aunque es un paso previo. "Es como para escuchar a las partes y emitir una resolución definitiva, que es lo que ha venido ocurriendo en diversas áreas de competencia económica... en tanto no se afecte esta suspensión es una posibilidad que se podría considerar como parte de las audiencias, que se tendrán que hacer", consideró el experto del sector.

 

Podrían cambiar fechas del 'apagón analógico'

 

Fernando Borjón, comisionado del IFT, informó ayer que las fechas establecidas para efectuar la transición a Televisión Digital Terrestre (TDT) por la Comisión Federal de Telecomunicaciones podrían ser modificadas si el plan de trabajo del Ejecutivo federal lo considera necesario.

 

"A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en telecomunicaciones, el proceso de TDT en lo relacionado con la ejecución y asignación de recursos, quedó en manos del presidente Enrique Peña Nieto", comentó en un foro.

 

 

Avanzan SHCP e IP ajustes a reforma (El Economista.4-5)

Las propuestas de la Iniciativa Privada (IP) para perfeccionar la reforma hacendaria serán presentadas al Congreso por el gobierno federal con correcciones que van desde la vivienda, la maquiladora de exportaciones, minería e incluso en el rubro energético, sostuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

 

Al reunirse por segunda ocasión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por más de tres horas, el funcionario federal se comprometió a que la reforma será perfeccionada en el Congreso.

 

"Hay aspectos que creemos que será útil que la Cámara de Diputados tome en consideración, van desde la maquila de exportación, minería, energía y vivienda. Pero permítanme no entrar en particularidades, es un trabajo que está en marcha y lo resolverá el Congreso", añadió en entrevista posterior.

 

Las reuniones entre el sector privado y el Secretario de Hacienda continuarán a lo largo de esta semana con el fin de que el sábado o domingo se concluyan las 15 mesas que abrió el CCE sobre los puntos álgidos de la propuesta de reforma hacendaria.

 

Videgaray explicó que su función como Secretario de Hacienda es "ponernos a las órdenes del Congreso como órgano técnico y solventar cualquier duda, así como facilitar la interlocución con la Iniciativa Privada para que se considere en el Congreso".

 

No obstante, el responsable de la política de finanzas públicas del país reiteró que será el Congreso el que tenga la última palabra sobre posibles modificaciones.

 

En tanto, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, informó que durante la reunión se presentaron temas que pueden ser perceptibles. "Lo que hicimos fue transmitirlos a la Secretaría de Hacienda para que el Congreso tome las mejores decisiones", indicó.

 

Precisó que en el tema de la vivienda exige la posibilidad de eliminar el IVA a la comercialización de vivienda de interés social, aunque la propuesta es también aplicarlo a los intereses sobre créditos hipotecarios.

 

Avances visibles en todas las mesas de trabajo

 

"En la mayoría de la mesas hay avances, en los temas de minería, maquila; se protege a la vivienda de interés social, educación e impuesto a las personas morales y clases bajas, que no tendrían afectación", adelantó el dirigente la cúpula empresarial.

 

Gutiérrez Candiani destacó que el compromiso con las autoridades hacendarias del país es sacar una reforma que impulse la productividad, el crecimiento y el empleo del país, a la par que reconoció que el gobierno federal ha tenido la disponibilidad de recibir esas propuestas y también la capacidad de mejorarlas.

 

Con respecto al tema de gravar las colegiaturas, el líder empresarial afirmó que ya hay consenso en el Congreso para que no se apruebe tal disposición.

 

 

COLUMNAS

General

El Agua del Molino / Corrupción (El Sol de México.15)

Dos datos son suficientes para que se le pongan a uno, como se dice, los pelos de punta. Por una parte la Secretaría de Desarrollo Social da la noticia de que cada año 250 mil terrenos pasan a ser parte del suelo urbano de manera irregular, y de que 90 mil casas se asientan en zonas de gran peligro ante las posibles catástrofes generadas por la naturaleza. A su vez el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha manifestado que el 68% de las viviendas se edifican de manera irregular, contraria a la ley, y con permiso de autoridades corruptas. Es decir, que en los casos que se citan hay constantes alteraciones y trastocamientos, verdaderas depravaciones y sobornos, con el fin de pervertir lo justo y debido. Se trata de delitos que no deben quedar impunes. Imagínese usted, 250 mil terrenos para urbanizarse y sin garantía alguna de seguridad y 90 mil casas que son verdaderas bombas de tiempo prestas a estallar en cualquier momento. Datos los anteriores a los que habría que añadir irresponsabilidades y desaciertos de otras autoridades que no previenen lo que tienen la obligación de prevenir.

 

Ahora bien, la que prevalece en el caso es la lacra de la corrupción a la cual le han consagrado páginas ilustres y brillantes, verdaderos lamentos literarios, Octavio Paz y Samuel Ramos. La corrupción, fantasma que nos acompaña, junto con los alaridos de la llorona a la que se refieren con nostalgias poéticas Artemio de Valle Arizpe y Salvador Novo, ilustrísimos cronistas de la Ciudad de México. O sea, que tanto desde el punto de vista del ensayo sesudo y meticuloso como en el terreno de la crónica cotidiana, la corrupción en México es un personaje de constante presencia. Si la memoria no me falla, y lo cito lo mismo que a los otros sólo para refrescar constancias de hechos, en los famosos y virreinales Diarios de Gregorio Martín de Guijo y de Antonio de Robles, sacerdotes residentes en la capital de la Nueva España, ya abundan las referencias en materia de corrupción. Algo se nos inoculó a los mexicanos, desde entonces, en los espacios semi ocultos de la subconsciencia, quizá derivado de un mestizaje mal avenido entre las sangres que fluyen, algo que generó las tristemente célebres corruptelas. Algo que no hemos podido desterrar y que mientras esté allí, sombra y fantasma al mismo tiempo, trastocará nuestro destino y quehacer cotidiano, en especial el político y el de la llamada cosa pública. Y mientras subsista ese desastre moral veremos lo que señalo al comienzo de estas líneas. De qué sirve la buena voluntad política, de qué la decisión de servir a nuestro prójimo como se lo debe servir desde los espacios de poder, de qué los planes y proyectos, de qué incluso la derrama de dinero contante y sonante o en especie, si las autoridades corruptas patrocinan el desastre. ¿Qué hay entre nosotros que nos obliga siniestramente a lacerar y dilapidar nuestra riquísima herencia cultural y espiritual? La gran tragedia que acaba de vivir México y que aún vive tiene como antecedente mediato e inmediato la corrupción. Lo vemos a diario, el descaro con el que algunos servidores públicos de pequeña, mediana o hasta mayor jerarquía, guiñan el ojo igual que demonios para conciliar sus apetitos inmorales con la necesidad o el dolor del solicitante. Desde luego hay que prever los posibles desastres, pero de qué sirve ello si sobre la mesa del burócrata empedernido hay lo mismo papeles oficiales que obsequios inconfesables; o si caen sobre sus oídos las sombrías promesas, como gotas de lava hirviente, que primero cautivan y luego embriagan o destruyen. En suma, es dificilísimo limpiar, aunque no imposible, las huellas del deterioro moral. Hay que hacerlo con verdadera urgencia para que la gente, sobre todo la pobre y necesitada, no edifique sus hogares a los pies del siniestro, comprando antes falsas promesas o peligros latentes. Allí está el gravísimo problema en el que el gobierno debe poner la mayor atención, porque incluso el dinero que ha donado el Papa Francisco se irá al pozo si la rapiña hace su agosto durante todos los meses del año. Eso sería tejer y destejer la rueca para volver a lo mismo.

 

 

Fortuna y Poder / ¿Estado?, el tamaño sí importa (Milenio Diario. 32)

Ahora resulta que el tamaño sí importa. Apenas han transcurrido 25 años de cuando el gobierno salinista dijo que un Estado más grande no necesariamente es más capaz; de cuando, con insistencia, señaló que, en México, más Estado significó menos capacidad para responder a los reclamos sociales.

 

Y hoy, un gobierno con los mismos colores partidistas parece desmentir tal afirmación.

 

No es que se esté revirtiendo el camino que llevó a desincorporar más de mil 150 paraestatales bajo la premisa de que un Estado propietario no es un Estado más justo.

 

No. Sin embargo, la línea discursiva oficial asegura que México tiene un Estado "relativamente chico".

 

Y en los hechos este gobierno muestra rasgos evidentes de concentración y de acrecentamiento del Estado: la compra consolidada de medicamentos, el pago centralizado a los maestros, la cobertura de seguridad universal y mayor gasto en infraestructura.

 

El argumento oficial es que hoy el Estado mexicano es una tercera parte más chico que en Latinoamérica y en la mitad de economías avanzadas.

 

Por eso, dicen, el Estado mexicano está limitado para hacer frente a los retos de seguridad social, combate a la pobreza y creación de infraestructura.

 

Y esgrimen cifras comparativas de países de la OCDE, en los que el gasto en seguridad social llega a 20 por ciento; en México es de 7.5 por ciento, una tercera parte de lo que registran economías avanzadas.

 

Lo mismo pasa en gasto en inversión pública, en investigación y desarrollo, en seguridad pública y en casi todos los rubros de acción gubernamental.

 

Las limitaciones del Estado, me dice el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher -uno de los creadores de la reforma hacendaria y social-, están vinculadas con la baja recaudación tributaria de los gobiernos federal y locales y de la seguridad social.

 

No se pretende un Estado de bienestar a la europea, pero sí se requiere fortalecer la seguridad social, pensión universal, seguro de desempleo y mayor gasto en salud y educación.

 

Hoy, a diferencia de hace 25 años, se habla de la necesidad de tener un Estado más grande. ¿Qué habrá cambiado para que ahora sí un Estado más grande sea más capaz para atender los reclamos sociales?

 

** Saldos

 

* La Coparmex, de Juan Pablo Castañón, endureció su oposición y crítica a la reforma hacendaria; ¿vendrá la radicalización de la IP?

 

* La expansión del crédito bancario está estrechamente vinculado al crecimiento del PIB, insiste el presidente de la ABM, Javier Arrigunaga.

 

 

El Contador (Excélsior.2)

 

** III. El que anda muy atareado es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien se encuentra cabildeando la reforma hacendaria. El funcionario está abierto a considerar cambios en la iniciativa, y así lo hizo saber ayer en la reunión privada que tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani; el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que encabeza Claudio X. González, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que lleva Jorge Dávila Flores, quienes le manifestaron sus preocupaciones sobre las propuestas tributarias.

 

 

 

 

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