Comunicado No. 29-Jun/24-Comunicación Social
Buenos Aires, a 25 de junio de 2024
Si bien en los últimos tres años el crecimiento anual promedio de la economía mexicana fue de 3.2%, durante los últimos 30 años el PIB de México creció a una tasa anual apenas arriba de 2%, por debajo de otras naciones, incluidas algunas de América Latina, como Chile y Panamá.
Entre diversos factores que frenan nuestro crecimiento económico, destaca nuestro rezago relativo en materia de infraestructura.
Por el tamaño de nuestro mercado, México ocupa el lugar 11 en el mundo, pero ocupa el sitio 54 en infraestructura.
Ello se ve reflejado en costos logísticos superiores a los que presentan nuestros principales socios comerciales.
Entre las razones que explican esos elevados costos logísticos sobresale el hecho de que México registra una tendencia estructural a la baja en el nivel de inversión pública, como porcentaje del PIB.
Lo más delicado de ello es que en la medida que se ha venido reduciendo la inversión pública en infraestructura, en términos del PIB, también se ha reducido la productividad total de los factores productivos.
A pesar de los esfuerzos realizados por los sectores público y privado, en nuestro país enfrentamos serios retos sectoriales en materia de infraestructura, entre los que destacan:
Densidad moderada en carreteras y baja en vías férreas, e ineficiente articulación de los diferentes modos de transporte.
Deterioro de activos carreteros por falta de mantenimiento.
Insuficiente red de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, retos en generación y oportunidades en energía renovables.
Grave sobreexplotación, déficit en infraestructura y deficiente gestión del agua, reto agudizado ante el cambio climático.
Crecimiento urbano acelerado, expansivo, desordenado y contaminante con movilidad ineficiente.
Falta de opciones de vivienda formal para familias de bajos ingresos.
Desafíos de cobertura y calidad de servicios públicos municipales, particularmente de pavimento.
Lenta transición hacia destinos turísticos inteligentes.
Áreas de oportunidad en infraestructura en diferentes niveles de atención en salud, y
Necesidades de mantenimiento en educación básica y de cobertura en educación media superior y superior.
"No hay recursos públicos que alcancen para atender las necesidades de infraestructura".
En un contexto de restricción de recursos fiscales y de gastos públicos irreductibles, la participación del sector privado es fundamental para complementar los esfuerzos de dotación de infraestructura estratégica.
En México y en otras latitudes, no hay recurso público que alcance para atender las crecientes necesidades de infraestructura, por lo que es necesario diseñar y ejecutar mecanismos de conversión pública y privada, con transparencia y apego a la legalidad.
"La coinversión público - privada es una opción viable para impulsar la infraestructura"
Los modelos de coinversión público - privada ofrecen importantes ventajas:
Minimizan la erogación presente.
No requieren endeudamiento (no es deuda pública, pero sí obligación de pago futuro en función de un servicio que se recibe).
El Gobierno no paga, hasta que recibe el servicio en las condiciones y calidad contratada.
El Gobierno traslada los riesgos de financiamiento, construcción y operación al sector privado.
Es posible obtener un financiamiento más barato.
El sector privado puede ser más eficiente en el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios (menos tiempo, menos costos de construcción de infraestructura).
Sobre esa base, desde hace años, en México han operado diversas modalidades de participación público - privada en infraestructura. Las principales son:
Contratos de Prestación de Servicios (PPS).
Contratos de concesión pura.
Contratos de concesión con subsidio.
Esquemas de arrendamiento puro.
Bus Rapid Transit (BRT).
Aprovechamiento de Activos (AA).
Desdoblamiento de concesiones, y
Esquemas mixtos.
Gracias a estos instrumentos jurídico-financieros de participación público-privada, hemos desarrollado proyectos de:
Carreteras, puentes y vialidades.
Infraestructura hidráulica.
Hospitales.
Centros de readaptación social.
Infraestructura ambiental.
Instalaciones culturales.
Centros deportivos.
Universidades.
Modernización del transporte urbano, y
Unidades administrativas de gobierno.
Hoy podemos citar diversos casos concretos tanto a nivel federal, como a nivel estatal.
Si bien cada caso es diferente, en la CMIC hemos identificado algunos factores críticos de éxito, entre los que destaco:
Elegir proyectos que generen un amplio consenso social.
Impulsar propuestas que aseguren una alta rentabilidad social, medida en términos de estudios beneficio - costo, pero también en términos de beneficios percibidos por la población.
Asegurar una administración profesional del proyecto en términos de ingenierías y estructuración financiera.
Cuidar la certidumbre legal.
Asegurar responsabilidad fiscal.
Cuidar la adecuada distribución de riesgos, y
Optimizar el tiempo de planeación y ejecución del proyecto.
"Propuestas de la CMIC para impulsar la inversión en infraestructura"
Sobre esas bases, la CMIC ha propuesto un Plan Integral de Financiamiento que incluye una mayor eficiencia en el gasto público y esquemas financieros que favorezcan la inversión mixta (público - privada), con legalidad y transparencia. Entre las propuestas se encuentran:
1. Reducir el gasto público improductivo.
2. Impulsar obras con fuente propia de repago.
3. Inversiones mixtas público - privadas.
4. Fondo de Mantenimiento Carretero.
5. Impulsar esquemas de Reciclaje y Aprovechamiento de Activos.
6. Valorar la conveniencia de que el mayor operador de autopistas (CAPUFE) actúe como concesionario y pueda retener utilidades y levantar financiamiento que le permita construir, rehabilitar y operar activos carreteros.
7. Aprovechar el financiamiento de organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros.
8. Acordar con la Banca comercial y de desarrollo (FONADIN-Banobras y NAFIN) programas de financiamiento de infraestructura y obra pública estratégica.
9. Crear un Fondo de Pavimentación para Municipios, destinando un porcentaje del IEPS de gasolina y diésel a este propósito.
10. Impulsar la creación de un Fondo de Infraestructura Sostenible, que promueva mejores prácticas en el desarrollo de infraestructura verde.
Adicionalmente, con el objetivo de abonar en la identificación de los proyectos que México necesita, la CMIC propuso un total de 172 proyectos necesarios en todas las regiones del país en materia de infraestructura de comunicaciones y transportes; hídrica; energética; urbana, de vivienda y movilidad; infraestructura de salud; infraestructura turística, entre otras.
Conclusiones
Finalmente, a manera de conclusiones señalo los siguientes puntos:
Para abatir los rezagos que existen en materia de infraestructura social, hídrica, energética y de movilidad, se requiere incrementar significativamente y de manera sostenible la inversión.
Debido a las presiones del gasto público, derivadas de pensiones, gasto social y deuda, entre otras, no hay recurso público que alcance para lograr dicha inversión.
Las condiciones están dadas para incrementar la inversión privada en infraestructura en México, nacional o extranjera, a través de diferentes figuras que prevé la Constitución y el marco jurídico mexicano.
Existe voluntad del sistema bancario mexicano, así como de los organismos multilaterales, para financiar proyectos. También hay la posibilidad de crear fondos de capital privado y otro tipo de figuras para acceso a capital.
El próximo gobierno de la República está abierto a la inversión privada, siempre que privilegie temas como los ya referidos y en lo cual, los constructores mexicanos coincidimos.
Muchas gracias.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), es la institución encargada de representar, apoyar y fortalecer a las empresas constructoras del país, por medio de la gestión, asesoría, capacitación, formación profesional e integración de nuevas tecnologías. En la actualidad cuenta con alrededor de 9 mil empresas afiliadas en 44 delegaciones, 18 oficinas de representación y 10 oficinas de atención en toda la República Mexicana.