Reformar las leyes para adecuarlas a los nuevos retos y requerimientos de los pueblos es sin duda una facultad irrenunciable de todo país soberano. Cuando los países cuentan con sistemas de gobierno democráticos y funcionales, la mayoría de las veces estas reformas resultan en beneficio de sus ciudadanos.
Lo contrario, es decir, reformar las leyes de un país para empeorar el estado actual o futuro de una sociedad, sería solo imaginable en países con gobiernos necios que actuaran más con base en ideologías políticas que pensando en el bien común.
El pasado 30 de septiembre del 2021, el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia eléctrica. Independientemente de si el lugar adecuado para reformar el sistema eléctrico es a través de un cambio a nuestra Carta Magna o si, por el contrario, como muchos lo consideramos debiera ser mediante cambios a las leyes secundarias en la materia, nadie puede negar el derecho, incluso diría la obligación, que como país tenemos de reformar nuestro marco jurídico cada vez que existan oportunidades para ello en beneficio de los mexicanos. Sin embargo, el real debate no está ahí.
La verdadera discusión está en poder determinar si la propuesta de reforma tal como fue presentada representa un avance que redundará en beneficio para los que habitamos este país y, más importante, para nuestros hijos; o si, por el contrario, resultará en un salto al pasado donde monopolios estatales e indiferencia con el cuidado del medio ambiente sólo eran posibles en un entorno de economía cerrada.
Por ello, previo a la discusión parlamentaria de dicha iniciativa de reforma, la Cámara de Diputados tuvo a bien convocar a un Parlamento Abierto para discutir con los distintos actores de la sociedad este trascendental tema. Sin duda, un ejercicio democrático plausible, aunque tristemente todavía carente de verdadero diálogo que sirva para comprender posiciones contrarias, revaluar las propias y, a partir de ahí, buscar los consensos que permitan mejor la iniciativa originalmente planteada. Pareciera que a los mexicanos nos sigue costando mucho trabajo poder dialogar.
Quizá lo que nos hace falta es que previo a seguir hablando, fingiendo dialogar, primero nos pongamos de acuerdo en lo que los mexicanos queremos como sociedad para nosotros y para nuestros hijos. Quizá, cuando tengamos claridad en los "qué", resultará más fácil poder dialogar y consensar los "cómo"
En este sentido, pienso que somos la inmensa mayoría quienes estamos por un México moderno en donde contemos con la energía de calidad suficiente y a los precios competitivos que necesitamos para crecer. Un México en donde se respete el Estado de Derecho, atrayendo así la inversión que necesitamos para generar más y mejores empleos. Un México que cuente con una CFE fuerte y competitiva pero que no sea monopólica (no olvidemos que nunca los monopolios han resultado en crear empresas competitivas). Pero, sobre todo, no tengo duda de que la mayoría de los mexicanos estamos por un México que compita exitosamente y de frente con el mundo, que sea respetuoso del medio ambiente y que genere el desarrollo necesario para el bienestar de todos quienes habitamos este gran país.
Si para lograrlo, requerimos reformar nuestro marco jurídico, hagámoslo y hagámoslo rápido. Pero, sobre todo, hagámoslo bien y de cara al futuro, alineados siempre con el México que queremos y podemos ser.
