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Cancún, QR. Organizaciones ambientalistas que se oponen al Tren Maya ingresaron una solicitud al sistema de peticiones de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), conformada por los tres países del T-MEC, para que se investigue el hecho de que México está dejando de aplicar su legislación ambiental para construir el proyecto, el cual tendrá impactos sobre ecosistemas frágiles y de alto valor ambiental y social de Quintana Roo.
"Se haga una investigación y, en su momento, se haga una publicación del expediente de hechos del asunto elevado y hecho de su conocimiento", se lee en el escrito ingresado al CCA.
El CCA es una organización intergubernamental integrada por Canadá, Estados Unidos y México, creada en 1994 al amparo del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), la cual continúa funcionando.
"Su propósito es atender las cuestiones ambientales regionales de preocupación común y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental", según información de la Semarnat.
En el documento ingresado al CCA, las organizaciones ambientalistas denuncian que se ejecutaron trabajos de desmonte sobre la selva Maya sin haber obtenido de manera previa las autorizaciones correspondientes y, por ende, sin que se hayan realizado y evaluado los estudios para saber si el Tren Maya es viable sobre esa zona.
Además, consignan que en la zona por donde correrá el Tren Maya se han localizado 248 cenotes y 198 contextos arqueológicos, de los que 138 parecen estar vinculados a la civilización Maya.
En el punto 16 de la petición invocan el capítulo 24 del T-MEC, de entre los cuales está el de promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de las leyes ambientales, pero, sobre todo, el propósito principal de proteger y prevenir un peligro contra la vida o salud de las personas.
En el apartado de exposición de hechos, hacen referencia al acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante el cual asigna la condición de proyectos de seguridad nacional a las obras de infraestructura del gobierno mexicano, entre ellas el Tren Maya.
Se señala que dicho acuerdo es violatorio de los principios de prevención, precaución, progresividad de los derechos humanos y de no regresión en materia ambiental.
El pasado 13 de julio se reanudaron las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya.