Ante ello, en una tarjeta informativa, la SEP señaló que continúa el proceso legal, seguirá en la implementación del programa e interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda y de la concesión de la suspensión provisional.
Resaltó que las audiencias incidental y principal están fijadas para este mes.
Esto, luego de que el juez Francisco Javier Rebolledo, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión por considerarlo inconstitucional y analizará la constitucionalidad del modelo educativo.
"Mientras que esta suspensión esté vigente no pueden instrumentar y no puede entrar en vigor el programa piloto& En el amparo hay dos suspensiones: una suspensión provisional que se dicta inmediatamente que es la que tenemos.
"Después de cinco a siete días, el juez puede dictar una suspensión definitiva y al menos en seis meses las escuelas que fueron elegidas con el programa piloto continuarán con el actual sistema", afirmó el abogado Ortiz en entrevista con EL UNIVERSAL.
Subrayó que el programa piloto es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas que no cumple con el estándar de calidad, y no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base. Además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados, y otro para el resto de escuelas públicas y privadas.
Ortiz afirmó que no existe justificación legal para que la SEP sólo aplique el programa en escuelas públicas, por lo que el modelo para los niños de las 960 escuelas es discriminatorio.
Abundó que se trata de un modelo "prueba-error", el cual calificó de experimental y, por ende, inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución.
Reiteró que la suspensión concedida detiene la implementación de este nuevo modelo educativo y fue notificada el pasado viernes 30 de septiembre.
"La repercusión de la suspensión concedida radica en que la SEP deberá mantener el modelo educativo vigente en todas las escuelas, incluidas las 960 en las que implantaría un modelo educativo que no ha sido certificado ni avalado por el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación y en donde los maestros no han sido capacitados".
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, la calificó como una decisión valiente y sin precedente del Poder Judicial que obliga a las autoridades a replantear la política educativa del país.
