La CRE explicó que, como parte del proceso, otorgó a los permisionarios un plazo de 10 días hábiles para presentar documentación que desvirtuara la actualización de la caducidad. Sin embargo, no se recibieron pruebas que acreditaran la realización de las actividades autorizadas.
El acuerdo subraya que la caducidad de estos permisos es una medida declarativa que se aplica cuando los titulares no ejercen los derechos conferidos por un periodo prolongado, afectando las obligaciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos. La medida fue notificada a los afectados a través de la Oficialía de Partes Electrónica de la CRE.
Para más detalles, el texto completo del acuerdo puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación.
