"Si las partes no logran resolver sus desacuerdos, Washington y Ottawa pueden solicitar la creación de un panel de resolución de disputas para determinar la naturaleza y el carácter de las violaciones y hacer recomendaciones. Esto podría llevar unos 300 días, lo que prolongaría el litigio hasta bien entrado el año 2023", detalla el análisis.
En esta semana concluyó el plazo de 75 días para las consultas que establece el proceso, pero ante la falta de un acuerdo las partes decidieron ampliar ese plazo por un periodo que no fue revelado.
Si no se logra una resolución, los demandantes pueden suspender los beneficios comerciales al infractor de forma equivalente al impacto en los inversores del demandante, indica el estudio.
"Esto significa que Estados Unidos y Canadá, en efecto, podrían imponer aranceles a los bienes y servicios mexicanos de su elección" destacó.
"Lo peor es que López Obrador parece creer que el resultado no es su problema. Dado que su presidencia terminará el 30 de septiembre de 2024, la próxima administración, no la suya, tendrá que lidiar con las consecuencias de estas disputas comerciales", sostuvo.
El Baker Institute detalla que muchos otros aspectos de la relación binacional que claman por atención quedarán en suspenso o enfrentarán efectos adversos por estos desacuerdos, que en última instancia provienen del choque de la política energética de López Obrador y los compromisos comerciales que él mismo asumió al firmar el tratado comercial en 2020.
"Esto es desafortunado dado que la agenda bilateral está llena y es compleja, y es probable que esta disputa comercial impida el progreso en muchos de los otros temas que demandan atención", añade.
