Entre estas propuestas destaca la necesidad de fortalecer y diversificar el financiamiento para el desarrollo de vivienda. Para lo cual se busca la creación de un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces para Vivienda Incluyente de los Trabajadores (Fibravit).
Al respecto, el secretario nacional de la CMIC, Luis Armando Díaz Infante Chapa, explicó que el objetivo de Fibravit sería el de impulsar el desarrollo de vivienda asequible para ofrecerla en un modelo de renta, principalmente para la población de menores ingresos.
"Esta propuesta que hace la CMIC de la creación de Fibravit es, precisamente, para que se desarrolle vivienda formal y que la adquiera la Fibra para ofrecer esquemas de arrendamiento financiero", explicó.
Asimismo, indicó que estos esquemas no solamente incluirían a los trabajadores que cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o en el Fondo de la Vvienda del ISSSTE (Fovissste), sino a toda la población económicamente activa.
"La población económicamente activa, que pueda demostrar ingresos, podría obtener un esquema de un arrendamiento especial, pagando una renta que pueda trasladar un esquema de arrendamiento financiero. (&) Después de pagar unas 300 rentas formales, se podría tener la regresión de la vivienda, lo que también ayudaría a disminuir la presión en las pensiones, porque la población podría ahorrar en una renta", detalló Díaz.
Además, el secretario nacional de la CMIC mencionó que Fibravit sería diferente a una Fibra tradicional, pues se propone un instrumento público-privado, con un monto inicial de lanzamiento que podría alcanzar los 10,000 millones de pesos.
"Ya presentamos a los candidatos presidenciales el tema de la Fibra. Los funcionarios y directivos del Infonavit conocen de ella, pero no puntualmente; estamos por hacérselos llegar estos días", agregó Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC.
Otras propuestas de la CMIC
Otras iniciativas que incluye el decálogo presentado por la CMIC a las candidatas y el candidato a la presidencia del país incluyen:
Impulsar una política de Estado en materia de vivienda, con certidumbre jurídica y acciones consistentes, a fin de generar más y mejores viviendas formales.
Impulsar un Acuerdo Nacional en favor del desarrollo de vivienda para las familias de menores ingresos y para las nuevas generaciones. Ampliar la oferta con subsidios al frente, directos, transparentes, individuales y focalizados en la población de hasta tres salarios mínimos para vivienda nueva con todos los servicios urbanos.
Fortalecer la planeación urbana. Los municipios deben impulsar un enfoque integral de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, movilidad sostenible y vivienda social, con planeación adecuada y regulación eficaz, en un clima de coordinación entre los sectores público, social y privado.
Reducir los costos de la vivienda con una regulación que fomente el desarrollo del mercado habitacional legal y con trámites simplificados y tecnología de vanguardia. Promover una estrategia interinstitucional para generar reservas de suelo apto para el desarrollo urbano ordenado.
Incrementar los presupuestos de los tres niveles de gobierno para vivienda social y desarrollo urbano sostenible.
Promover el uso de tecnologías de vanguardia y de materiales sostenibles para la construcción de vivienda social, bajo un modelo de economía verde. Incorporar las mejores prácticas en materia de resiliencia urbana y desarrollo de vivienda ante los efectos del cambio climático.
