Al respecto, la legisladora destacó que, de acuerdo con estudios recientes, la población mexicana con menos de 30 años recibió el 23.16% del total de los créditos hipotecarios otorgados tanto por organismos públicos como de la banca privada.
En ese sentido, de los 282,535 créditos para adquisición de vivienda otorgados durante 2023, más de 65,400 se entregaron a personas de hasta 29 años, según los datos del Sistema de Información e Indicadores de Vivienda.
Sin embargo, Bernal indicó que las posibilidades que tienen los jóvenes de adquirir una vivienda propia se han reducido con el paso del tiempo.
Lo anterior debido a diversos factores, como la falta de empleos bien remunerados y a una falta de regulación en la industria inmobiliaria, lo cual los obliga a prolongar su permanencia en la vivienda familiar y crear nuevas configuraciones de convivencia entre padres e hijos que limitan su desarrollo como ser humano independiente.
Aunado a ello, mencionó que, en México, uno de cada seis estudiantes se considera foráneo y tiene que cambiar radicalmente su forma y estilo de vida. Por ello, el 16.6% del total de estudiantes tiene que dejar su lugar de origen para estudiar el nivel superior en entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Jalisco.
Además, agregó que los precios de las viviendas han aumentado de forma constante, por lo que adquirir una casa resulta imposible para el 70% de los jóvenes mexicanos.
En la actualidad, no existe una política nacional específica en materia de acceso a la vivienda para la juventud, y se vuelve una exigencia social para que se impulse, tanto en las instituciones financieras y del gobierno, aseveró Bernal Bolnik.
Por lo anterior, la iniciativa plantea otorgar subsidios para la vivienda a estudiantes de educación superior que demuestren encontrarse en situación de vulnerabilidad y residan fuera de su estado de origen por motivos académicos.
La elegibilidad para recibir dicha ayuda, establece la iniciativa, se determinará mediante un análisis técnico efectuado por las instancias de vivienda competentes, con el propósito de contribuir a cubrir los gastos de una vivienda temporal de los beneficiarios.
Asimismo, la propuesta busca que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) proteja y garantice el derecho a la vivienda para la población económicamente activa y en condiciones de vulnerabilidad, a través del desarrollo, ejecución y promoción de esquemas y programas que prioricen a los jóvenes.
De igual manera, la reforma sugiere acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional a los jóvenes laboralmente activos.
Y, finalmente, propone que las instituciones de la banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda diseñen e instrumenten programas que fomenten fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población joven el acceso a una vivienda.