El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, hizo pública, a través de la Gaceta Oficial, la reforma a la Constitución de la Ciudad de México (CDMX) en materia de propiedad privada, lo que ha despertado dudas y temores sobre el riesgo de expropiación o despojo de bienes inmuebles.
De acuerdo con Batres Guadarrama, la modificación al artículo 3ro de la Constitución local tiene como objetivo homologar el principio de propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El jefe de gobierno capitalino explicó que, de esta forma, no solo se protege la propiedad privada, sino la pública y social para salvaguardar el interés superior de la nación, de la ciudad y de lo público, dentro de los marcos y principios establecidos a nivel federal.
"En otras palabras, ante la falta de claridad, estamos en riesgo en cualquier momento de que el actual Poder Judicial pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el Artículo 27 de la CPEUM, para apoyarse en una disposición local", destacó Batres.
Durante la presentación de la Reforma en materia de propiedad privada, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, apuntó que la iniciativa será "piedra de toque" para la construcción de algunos capítulos del Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México durante los próximos años.
¿Qué cambia con la reforma?
Mario Seoane Núñez, asociado del despacho de abogados Zinser Legal, detalló que, en esencia, la reforma consiste en ajustar la legislación local al texto del artículo 27 de la CPEUM, para ahora reconocer "el respeto a la propiedad" en los mismos términos de la Carta Magna. Es decir, con la modificación, ahora se reconoce "el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En dicho artículo se establece que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
"Se suprimió la redacción original la palabra 'privada'", indicó el abogado y agregó: "Si bien, se trata de una modificación al texto de la constitución local, que a primera vista pareciera suprimir derechos o afectar a la propiedad privada particularmente por la supresión de la palabra 'privada' y por el manejo político que se le ha dado, lo cierto es que, en términos jurídicos y constitucionales, la reforma en sí no presenta un riesgo a la propiedad privada", afirmó Seoane.
En contraste, el experto destacó, mediante un análisis jurídico, que se debe mantener la atención en caso de que se lleve a cabo cualquier modificación o reforma en el futuro al artículo 27 de la Constitución Mexicana.
Señalan ambigüedades
La reforma en materia de propiedad privada ha despertado algunos cuestionamientos entre la opinión pública y algunos expertos; Federico Sobrino, director en Sobrino Administración y Gestión de Inmuebles, remarcó el hecho de que la modificación se haya publicado a días del cambio de gobierno y en un escenario complejo en materia de reformas constitucionales.
"Se publicó por una autoridad que va de salida, lo que no suena para nada bien. Más allá de la modificación, hay que ver las señales alrededor. Diariamente se están sacando reformas que están afectando la estabilidad económica", declaró en entrevista.
El experto insistió en que la iniciativa, junto con la Ley de vivienda en renta emitida también por Martí Batres hace unas semanas"deja al mercado inmobiliario en un estado de indefensión, estamos sumamente preocupados por la desaparición del Estado de derecho en México, en dos semanas ha cambiado dramáticamente el escenario regulatorio en México", dijo Sobrino.
Por su parte, Armando Rosales, presidente de la Representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), expuso que la reforma genera incertidumbre en el sector inmobiliario, una industria que requiere de certeza jurídica porque las inversiones son a largo plazo. Si bien, celebró que una de las intenciones sea encaminar la planeación y el ordenamiento territorial, mencionó que existen inconsistencias.
"Preocupa que se equipara a la ciudad con la nación, pero son conceptos muy distintos. Esto puede resultar en una ambigüedad jurídica que pueda ser utilizada en tribunales. Por el momento, no se observan riesgos en el tema de expropiaciones, pero sí genera desconfianza en el sector de bienes raíces", apuntó el arquitecto.
