De acuerdo con el diagnóstico, es necesario fortalecer la oferta gubernamental en materia habitacional, no sólo en cuestión de compra de vivienda, sino con opciones de arrendamiento y la ampliación de oferta de espacios de costo accesible, con el fin de mejorar las condiciones materiales y promover diversas formas de acceso a un hogar.
"Se deben fortalecer las acciones para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda que permitan la protección de sus habitantes contra el desalojo forzado, el hostigamiento u otro tipo de amenazas", se puede leer en los resultados del documento.
Diagnóstico y retos
Dentro del análisis, el organismo presentó los principales retos que afectan el acceso a la vivienda por parte de los más vulnerables, entre ellos destacan los siguientes:
Según los datos del estudio, en el 2022 alrededor de 9% de la población presentaba carencia por calidad y espacios de la vivienda, lo cual contribuye a la vulnerabilidad de sus habitantes frente a las condiciones climáticas, riesgos para la salud u otros fenómenos extremos y peligros estructurales. Asimismo, 5.8% de las personas habitaba en hogares con hacinamiento, principalmente en comunidades rurales y 2.9% de las personas habitaba en hogares con piso de tierra, especialmente en localidades rurales.
También se identificó que, en el 2022, cerca de 18% de la población presentaba carencia por servicios básicos en la vivienda, lo cual genera principalmente afectaciones a la salud y "11.3% de las personas habitaba en vivienda que utilizaban leña o carbón para cocinar y no contaban con chimenea para desalojar el humo", con afectaciones principalmente a la población indígena. "Adicionalmente, en el 2022, 33.5% del total de las viviendas particulares habitadas en el país no tenía agua potable de forma cotidiana, lo que afecta fundamentalmente a la población de menores ingresos".
Propuestas
Así, el organismo realizó una serie de propuestas para poder fortalecer el derecho a la vivienda, plasmado en la Constitución. Estas recomendaciones son:
Atender el hacinamiento. El Coneval indicó que es necesario complementar las acciones gubernamentales a nivel federal para la ampliación y mejoramiento de vivienda, además de tomar decisiones a nivel local con base en la evidencia y en las herramientas estadísticas, como el indicador de este organismo a nivel Área Geoestadística Básica urbana para el 2020.
Atender las viviendas con piso de tierra. Asimismo, sugirió implementar acciones de financiamiento, asistencia técnica, implementación gradual y monitoreo, con especial atención, en una primera etapa, en las áreas con mayor porcentaje que presenta esta característica, así como fomentar la concurrencia de recursos para potenciar acciones de atención en las viviendas con piso de tierra.
Atender las viviendas que utilizan carbón o leña para cocinar y que no cuenten con chimenea. Para el Coneval, es necesario fortalecer las acciones de los programas de vivienda vigentes para la incorporación de estufas ecológicas y ecotecnologías que contribuyan a reducir el gasto de las familias de bajos ingresos y reducir los efectos de las emisiones de humo en la salud.
Avanzar en el suministro diario de agua potable en la vivienda. Al ser el acceso a agua potable uno de los retos en materia habitacional, es necesario realizar análisis periódicos sobre las capacidades institucionales de los organismos operadores del vital líquido para contar con un diagnóstico de las problemáticas que enfrentan a nivel local y su avance en el suministro "más eficiente y constante".
Además de estas recomendaciones, el Coneval sugirió fortalecer acciones para la tenencia y seguridad de la tenencia, en un contexto donde en el 2022, poco más de 24% de las viviendas no contaba con escrituras y en el 2020 alrededor de 46% de los hogares no contaba con un contrato de arrendamiento vigente, lo cual vulnera la seguridad jurídica de sus habitantes.
También indicó que ante un contexto donde en el 2020 se identificó que 14% de las viviendas del país se encontraban deshabitadas, es importante elaborar un diagnóstico sobre los hogares desocupados para conocer su ubicación, características, condiciones de deterioro, causas que provocan que estén deshabitadas, necesidades de habilitación o situación jurídica, con el fin de reincorporarlas como opciones de uso para la población.
