Así, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores el dictamen pasó casi sin discusión y sin escuchar las voces, que recuerdan que en el pasado el instituto ya construyó y lo que privó fue la corrupción.
El decreto se refiere a establecer un sistema de vivienda con orientación social para las y los trabajadores. En sesión vespertina, se realizó el cómputo de los congresos estatales que han dado su respaldo a la reforma al artículo 123 de la Constitución.
La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
Además, precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder el 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.
POSICIONAMIENTO DE LEGISLADORES
Aquí algunos de los posicionamientos de los legisladores:
Alfonso Cepeda Salas, de Morena, destacó que el proyecto beneficia a 55 millones de trabajadores, quienes podrán adquirir una casa, construir o remodelar una vivienda, con créditos accesibles y justos. Se trata, agregó, de una reforma con sentido humanista, que busca el bienestar familiar.
Miguel Márquez Márquez, del PAN, reconoció que esta reforma ayudará a resolver el déficit que se tiene en materia de vivienda, ya que las personas no sólo podrán adquirir créditos para la compra de vivienda, sino para construirla, además de que se ofrece un nuevo esquema de arrendamiento social.
En tanto, Mely Romero Celis, del PRI, reconoció que el dictamen sólo incluye a empleados formales y excluye a 50 por ciento de los trabajadores informales, por lo cual es necesario legislar para garantizar este derecho para todos.
Del PVEM, Virginia Marie Magaña Fonseca, dijo que el dictamen incorpora la figura de arrendamiento social , para que las personas trabajadoras puedan rentar y, posteriormente, adquirir una propiedad que les brinde seguridad y estabilidad.
Por el PT, Alejandro González Yáñez, expresó que la propuesta está encaminada a garantizar que la vivienda sea un derecho y no una mercancía, ya que busca resarcir el déficit, el abandono y el hacinamiento en el que viven millones de familias.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario blindar la reforma con esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Además, demandó la regularización de los trabajadores que laboran en el mercado informal.
Los 18 congresos que emitieron sus votos aprobatorios al proyecto son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y de la Ciudad de México.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente.
