El instituto busca dar atención a los 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito, pero no encuentran vivienda acorde con sus capacidades económicas
Durante la Conferencia del Pueblo, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, respondió a las inconformidades expresadas por los sectores laboral y empresarial debido a la propuesta de reforma a la Ley del instituto.
En compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario sostuvo que, contrario a lo expresado por sindicatos y organismos privados, la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit permitirá resguardar los recursos de los trabajadores derechohabientes con un manejo transparente.
"Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Al existir tres direcciones en el Instituto, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior, dado que no solo realizan observaciones administrativas irrelevantes y no atacan los verdaderos actos de corrupción", comentó Romero.
Por su parte, Sheinbaum destacó que, si bien la iniciativa, aprobada por el senado el pasado viernes, puede tener mejoras, el fondo es crear una estructura similar a la del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Contrario a lo que dice la oposición, queremos transparencia y control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Eso, más aparte, que se puedan construir viviendas de interés social, y que el Infonavit no solamente sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que permita que los trabajadores puedan tener vivienda", añadió la presidenta.
Rezago habitacional
La reforma a la Ley del Infonavit busca modificar la estructura de los órganos de gobierno al interior del instituto y dar mayor peso de decisión al director general. Esto con el fin de llevar a cabo el plan de desarrollo habitacional que prometió la presidenta al inicio de su administración.
De acuerdo con Romero, actualmente, existen 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de dos salarios mínimos que tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda de interés social, sólo que éstas no existen en el mercado.
"La empresa constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente", dijo el director general.
Durante los últimos 10 años, se ha reducido la construcción de vivienda, particularmente de interés social con un valor promedio de 550,000 pesos. En el 2016, este segmento representaba 51% de la producción, pero pasó a ser solo el 15% hasta agosto del 2024.
A través de la empresa del Infonavit, se pretende reducir tiempos y costos de producción, dar prioridad a la mano de obra de los estados, y construir viviendas en los centros de desarrollo urbano.
