El dictamen remitido al Senado de la República establece que corresponde a los municipios prevenir y evitar la venta de inmuebles destinados a vivienda que no cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes a la propiedad privada, a fin de garantizar la seguridad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia.
Además, menciona que leyes estatales deberán establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, de prevenir y evitar la venta de inmuebles destinados a vivienda que no cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes a la propiedad privada, a fin de garantizar la seguridad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia.
El documento de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, argumenta que ante el aumento de casos en los que empresas inmobiliarias ofertan bienes inmuebles destinados para vivienda que no cuentan con los permisos, autorizaciones y licencias suficientes, los particulares han adquirido bienes que carecen de certeza jurídica.
Tal situación, añade, pone en riesgo su patrimonio, así como que muchas de estas construcciones irregulares no garantizan acceso a servicios básicos, comercios, espacios de usos colectivos, e incluso transporte, escuelas y servicios de salud.
De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 (PNV), en México una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a alguno de los servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario, energía, entre otros). Además, una proporción incluso mayor tiene un acceso deficiente a servicios como alumbrado público (49.1 por ciento) y pavimentación (51.1 por ciento) en su entorno inmediato, sufriendo también de acceso limitado a equipamientos, transporte, áreas verdes y espacios públicos.
Proteger derechos de las y los compradores de viviendas
La diputada Blanca Araceli Narro Panameño (Morena), en su calidad de promovente, expresó que la vivienda es un espacio de seguridad, de construcción de lazos efectivos y desarrollo, es un derecho humano y representa el hogar, por lo que la adquisición de una vivienda propia es uno de los objetivos primordiales para la mayoría de las personas y es una legítima aspiración para asegurar el patrimonio y el futuro de las familias.
Agregó que, a pesar de su gran importancia, la carencia de calidad y espacios de vivienda afecta el 11.1 por ciento de la población, y la carencia de servicios básicos al 9.8 por ciento, situación que se agudiza cuando los desarrolladores ponen en preventa o en venta viviendas que no tienen las autorizaciones, trámites y licencias correspondientes, dando paso a construcciones irregulares que no garantizan el acceso a servicio básicos.
Por ello, expuso, es fundamental que desde esta Cámara se protejan los derechos de las y los compradores de viviendas. Añadió que el dictamen es loable, oportuno, responsable y fundamental en su importancia, ya que faculta a los municipios y a las entidades federativas para evitar la venta y preventa de vivienda, conjuntos urbanos o desarrollos habitaciones que no hayan demostrado tener todas las autorizaciones, trámites y licencias en regla.
